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El subsecretario Monsalve se refirió a las medidas que ha estado tomando el gobierno para controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados y el manejo de las expulsiones.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este martes a la nueva ley que permite controlar el ingreso de migrantes, como también a las respectivas expulsiones.
“Tenemos un 41% de victimarios desconocidos. Ese es un gran desafío en materia de persecución penal, porque un país no puede permitir impunidad, y para no permitir impunidad hay que encontrar al responsable. Eso justifica los equipos ECOH y equipos especiales de la Policía de Investigaciones, que están destinados a la desarticulación de estas organizaciones”, comentó la autoridad en el programa Contigo en la Mañana de CHV.
Así también aclaró que “el año 2023 iniciamos un proceso de identificación biométrica de migrantes en situación irregular. Se inscribieron 200 mil personas que habían ingresado a Chile de manera irregular; 170 mil de esas 200 mil concurrieron voluntariamente, entraron a un cuartel de la Policía de Investigaciones, entregaron sus huellas, entregaron su rostro, entregaron un nombre y entregaron una historia (…)”.
A juicio de Monsalve, “ha habido una modificación respecto al desconocimiento total que tenía el Estado de quiénes estaban en Chile”, lo cual es “muy importante para las políticas de expulsiones (…)”.
Principalmente, a Monsalve le interesa “expulsar a aquellas personas que no fueron voluntariamente a entregar información que nos permita conocer sus antecedentes. Y para conocer sus antecedentes, es muy importante los acuerdos con otros países (…)”.
Según información que maneja el subsecretario, “la Policía de Investigaciones tiene una relación de colaboración con la policía venezolana. Y esa relación de colaboración le permite -tal vez no en todos los casos- acceder a los antecedentes de las personas que son objetivo de interés de la policía chilena”.
Control de fronteras
En esta línea, Monsalve también habló de lo complejas que son las fronteras. “Chile tiene mil kilómetros de frontera entre la región de Arica, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, tiene cientos de pasos no habilitados y, por tanto, tiene una frontera compleja”.
“Frontera que además se ha expuesto estos años a la crisis migratoria más grande que ha tenido América Latina y Centroamérica. Siete millones de ciudadanos venezolanos han salido de Venezuela y a alguna parte van y, por tanto, presionan todas las fronteras de los países de América Latina y Centroamérica”, indicó la autoridad.
Es por esto que, según Monsalve, “lograr controlar la frontera es un desafío al cual los gobiernos están obligados. El país exige y el gobierno tiene que cumplir las exigencias de buscar controlar la frontera (…)”.
“En el caso del proyecto de ley, lo que planteó el gobierno en el proyecto de ley, es ampliar el área. Normalmente, el control de ingreso irregular se produce cuando la persona cruza la frontera, es detectada por Carabineros, por las Fuerzas Armadas, es detenida, puesta a disposición de la Policía de Investigaciones y, eventualmente, reconducida. Pero eso se hace en la frontera (…) Y esto se amplió a un área de 10 kilómetros”, explicó el subsecretario.
