En diciembre pasado el Senado despachó la llamada “ley miscelánea”, que contempló una serie de medidas.

Una de ellas es el aumento en un 4,3% de las remuneraciones del sector público y otros beneficios, la extensión hasta abril de 2024 del Bolsillo Familiar Electrónico y las modificaciones excepcionales del procedimiento para la fijación del Índice de Costos de la Salud, el ICSA.

Este último tema fue uno de los que generó mayor debate. Algunos lo consideraron un “salvataje a las isapres”, y otros manifestaron que es una medida necesaria para evitar una mayor crisis en el negocio de la salud privada.

El senador socialista y presidente de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, señaló que las modificaciones son favorables para las isapres, y no para las personas.

Para Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública de Sebastián Piñera, habló de una medida positiva, pero insuficiente para darle sostenibilidad al sistema de isapres. Además, llamó a tomar en cuenta lo dicho por el comité de expertos que analizó la ley corta.

Estas modificaciones excepcionales incluyen el adelanto de julio a abril del cálculo del ICSA; la no consideración de los costos de las prestaciones Fonasa libre elección ni tampoco la frecuencia de uso; y la determinación, por parte de la Superintendencia de Salud, del valor en UF que podrá incorporase a los planes, para financiar la cobertura de las prestaciones de las cargas menores de dos años de edad.