Según indicaron desde el Ministerio Público, han estado en constante coordinación con Gendarmería para revisar tanto la apelación como el recurso de hecho. Lo anterior, "esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia”.
Desde el Ministerio Público se refirieron a la polémica tras la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, quien otorgó beneficios a cuatro internos de la Cárcel de Alta Seguridad.
La polémica comenzó cuando se supo que el juez Urrutia ordenó la realización de videollamadas de los reos con terceras personas. Quienes no estarían autorizados por la administración penitenciaria.
A través desde un comunicado, desde Fiscalía indicaron que se “ha estado en constante coordinación con Gendarmería de Chile, revisando tanto la apelación como el recurso de hecho”.
Lo anterior, indicaron, “esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía, señor Daniel Urrutia”.
“Esos son delitos graves, lo que implica un desafío adicional en la protección de víctimas y testigos involucrados”, concluyeron.
En la misma línea, según dijo el fiscal nacional (s), Héctor Barros, “se decretó una orden de no innovar por el momento, pero además de lo complejo que son estos imputados, hay que tener presente también lo complejo que es para las víctimas, en este tipo de delito, saber que se está autorizando este tipo de medidas”.
“Para nosotros es fundamental, y creemos firmemente en que la Corte va a revertir esta situación cuando tenga que conocer el fondo, toda vez que hay un procedimiento que todos los chilenos tenemos que cumplir para efecto de hacer una visita de cárcel, es un enrolamiento previo en Gendarmería acreditando la entidad”, agregó el persecutor.
Posteriormente, Barros dijo que generalmente “cuando se hacen estas peticiones son rechazadas por los jueces de garantía, dado el perfil criminológico que tienen los imputado”.
Lo anterior, “sobre todo en este tipo de delitos que estamos hablando de que criminalidad organizada, no estamos hablando de delitos sencillos, sino que delitos complejos”.
“Perjudica la seguridad de el país”
Antes que el Ministerio Público se manifestara, desde la Asociación de Magistrados, el presidente Alejandro Vera, aseguró en conversación con ADN que esas medidas no deberían aplicarse a este tipo de internos.
“Si son personas de alta peligrosidad, que además tienen condiciones de aislamiento, obviamente no se puede decretar este tipo de medidas”, indicó.
A continuación, Vera agregó que “es un asunto que está investigando la Corte de Apelaciones de Santiago”.
En tanto, al ser consultados por si el juez Daniel Urrutia debe ser sancionado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió que eso le corresponde decidirlo al Poder Judicial.
Igualmente, la autoridad de Gobierno insistió en que la decisión es “completamente equivocada” y que “perjudica la seguridad de el país” ya que “socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado.
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