Continúa el debate por la ley corta de isapres, que busca la forma de hacer cumplir los fallos de la Corte Suprema por tabla de factores y prima GES, y que se mantiene detenida mientras dure el receso legislativo.
En relación a la primera de las sentencias -del 30 de noviembre de 2022- por los cobros excesivos en la tabla de factores y que ordenó retrotraer los valores de 2019, el máximo tribunal impuso a las aseguradoras la obligación de devolver a los afiliados los recursos cobrados por encima del marco vigente.
Esa deuda fue estimada por la Superintendencia de Salud por 1.180 millones de dólares. Sin embargo, fuentes de la industria señalan que el monto escaló a los 1.300 millones de dólares.
Este escenario complica la tramitación de la ley corta que busca dar salida a la crisis. Sobre eso, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, llamó a definir el monto de la deuda y el mecanismo de pago.
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Con el criterio de mutualización, propuesto por la comisión técnica del Senado, la deuda bajaría a unos 451 millones de dólares. Aunque según datos recogidos por el Diario Financiero, con el paso de los meses ya estaría en 600 millones de dólares.
La exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, espera que la Cámara de Diputadas y Diputados haga una propuesta que le de viabilidad al sistema y pidió recalcular la deuda.
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La ley corta de isapres, que iniciará su trámite ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados, establece un reajuste extraordinario a los planes de salud para contrarrestar las pérdidas que acusa la industria, sería de 100 millones de dólares.
Adicionalmente, la Superintendencia de Salud tiene plazo hasta el 20 de febrero para informar el valor del reajuste al Indicador de Costos de la Salud (ICSA) aprobado en una ley miscelánea a fines de 2023.