Beneficios a reos ligados al Tren de Aragua. Cuestionamientos por su llamado a refundar la institución de Carabineros y su inhabilitación voluntaria en el caso Pío Nono.
Estas son algunas de las polémicas ligadas al juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Laubreaux, quien se ha encontrado en diversas ocasiones en el ojo de la polémica.
El último de estos hechos es, justamente el mencionado al inicio: Según información de Meganoticias, el juez habría dado ciertos beneficios a cuatro reos en la Cárcel de Alta Seguridad, entre lo que se ordenó la realización de videollamadas con terceras personas a dos internos relacionados al Tren de Aragua.
¿Quién es el juez Daniel Urrutia?
Urrutia nació en 1974 en Santiago, hijo de Gladys Labreaux, profesora normalista.
En 1992 egresó del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, para luego ingresar a sus estudios de derecho en la Universidad de Chile.
Según detalla el medio Ex-Ante, su llegada al Poder Judicial se dio el 31 de marzo del 2000. Su carrera cuenta con un paso por el Juzgado de Garantía de Freirina (2001), Ovalle (2003), Coquimbo (2004), para culminar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en 2006.
Un aspecto esencial de su trabajo se centra en los Derechos Humanos. En este sentido, Urrutia posee un diplomado en Derechos Humanos realizado en 2004. A fines de noviembre había enviado a la Suprema, como trabajo final, una propuesta para la adoptación de medidas de reparación por parte del Poder Judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
Un año después, el polémico juez acusó una persecución en su contra. Entre 2009 y 2012, decidió radicarse en México.
En noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado chileno debía responder por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales del juez, según detalla Ex Ante.
Las polémicas
Algunas de las acciones y declaraciones del juez Urrutia, que lo llevaron a estar en el ojo de la polémica durante los últimos años, fueron quitar la prisión preventiva para trece imputados por delitos cometidos tras el estallido social, cambiando la medida cautelar por la de arresto domiciliario total a personas de la denominada “primera línea”.
El argumento detrás de esta decisión fue debido el riesgo de contagio de coronavirus dentro de los recintos carcelarios. Sin embargo, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución horas después.
Tras esto, se le apartó se sus funciones por varios meses. En declaraciones al medio ruso Sputnik, Urrutia sostuvo que “la mantención de prisión preventiva en los casos del estallido social tiene un alto componente político. Por eso yo sostengo que hay presos políticos”.
Lenguaje inclusivo
También se ha visto inmerso en discusiones por el uso de lenguaje inclusivo. Fue la redacción de una resolución donde acogió un recurso de amparo presentado por las convencionales María Rivera y Manuela Royo la que llamó la atención.
“Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”, se detalla en el escrito. Tal recurso de amparo fue presentado en favor de once personas detenidas durante una manifestación en favor de los presos del 18 de octubre.
Y relacionado con lo anterior, en su intervención en la subcomisión de marco general de DD.HH de la ex Convención Constitucional, el juez afirmó que “detrás de cada violación de a los Derechos Humanos, un juez convalidó o se hizo cómplice o encubridor de aquello”, afirmando a su vez que el Poder Judicial debía ser refundado, recogió Ex-Ante.
Tales dichos fueron luego criticados por la Asociación de Magistrados.
Inhabilitación voluntaria
Finalmente, dentro de varios otros hechos, destaca su inhabilitación en el marco del caso Pío Nono.
Su retiro voluntario tuvo como precedente los diversos dichos de Urrutia sobre Carabineros, afirmando en uno de sus tweets que la institución debería ser disuelta y reemplazada “por una policía democrática, no militarizada, comunitaria, profesional y promotora y defensora de DDHH”.
Recordemos que el mencionado caso surgió luego de que el 2 de octubre de 2020, un adolescente de 16 años cayera a la rivera del río Mapocho, en el contexto de manifestaciones cercanas a Plaza Baquedano.
Por lo anterior, se detuvo al ese entonces carabinero Sebastián Zamora, a quien se le acusó de haber empujado al joven. Fue la propia defensa del ex uniformado que, tiempo después, tomaría tales declaraciones y los expondría ante la Corte de Apelaciones de Santiago.