La diputadas de Renovación Nacional (RN), Camila Flores y Sofía Cid, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Gabriel Boric para solicitar apoyo a un proyecto de ley.
En concreto, se trata de la iniciativa que busca implementar test de drogas obligatorios a todas las autoridades del Estado, incluyendo parlamentarios, ministros, jueces, fiscales y Presidente de la República.
De esta manera, se buscan establecer “consecuencias severas” para legisladores que den positivo en el consumo de sustancias como cocaína o marihuana. Una de ellas sería el impedimento para presentarse a reelección y hasta ser removidos inmediatamente de sus cargos.
Diputada Flores envía carta a Presidente Boric
En la instancia, según dijo la parlamentaria, “no podemos tener autoridades, que sean consumidoras de drogas, tomando decisiones tan importantes para nuestro país”.
“Que sean parlamentarios, el Presidente de la República, sus ministros de Estado, fiscales, jueces, todos tienen que someterse al test de droga y tener sanciones que sean claras y categóricas”, agregó.
En específico, se propone que la sanción sea “claras y categóricas, como son las pérdidas de sus cargos porque no puede ser que tengamos personas que tengan conflictos de intereses”.
Esto, “ya sea a la hora de juzgar, a la hora de legislar o a la hora de tomar decisiones políticas y administrativas para combatir el tráfico de drogas”.
“Espero que si el Presidente de la República tiene un real compromiso para combatir el tráfico de drogas, lo apoye, lo patrocine, le ponga urgencia y ojalá sea ley lo antes posible”, declaró Flores.
Finalmente, la diputada insistió en que “necesitamos autoridades que realmente estén comprometidas en contra de esto (…) por un lado, supuestamente, tratando de sancionar a estas delincuentes, pero, por otro lado, con una mano blanda y amiga, recibiendo la droga que les compran, que les surten desde el narcotráfico”.
Según lo propuesto por las diputadas de RN, los parlamentarios con resultados positivos, además, deberán presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario durante un año.