La Contraloría rechazó la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para anular el sumario instruido por el organismo, que busca determinar eventuales responsabilidades administrativas por las irregularidades en el registro de beneficiarios de pensiones de gracia, en el contexto del estallido social de 2019.
Según el INDH, la responsabilidad de acreditar como víctimas a los beneficiarios era del Ministerio del Interior, y no del instituto. Esto, porque según dicen, no contaban con las facultades para hacerlo.
Sin embargo, el ente fiscalizador desestimó dicha argumentación. A través de un informe, indicaron que el INDH sí tenía las facultades y era precisamente la institución encargada de acreditar las violaciones a los derechos humanos.
En el documento, publicado por La Tercera, se indica que, a juicio de la Contraloría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió”.
Contraloría cierra la puerta a INDH para reconsiderar sumario
Recordemos que en su informe previo, la Contraloría concluyó que 58 beneficiarios de pensiones de gracia tenían condenas, algunos de ellos por delitos graves como homicidio, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual.
También, evidenció que no hubo un proceso adecuado que acreditara los antecedentes médicos. Incluso, 19 de los postulantes ni siquiera tenían un acta que comprobara una supuesta lesión y, en algunos casos “los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019”.
Desde el Ejecutivo, en tanto, han insistido en que se trata de un “problema de procedimiento”, heredado del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.