La ministra, Camila Vallejo, emplazó a la oposición ante las críticas por el informe de Contraloría que reveló la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales.
Al respecto, la vocera de Gobierno detalló que del total de beneficiados, 148 corresponden a la anterior administración de Sebastián Piñera, mientras que 270 al actual Gobierno.
“Estamos hablando de 418 pensiones, 148 corresponden a la administración de Sebastián Piñera y 270 a la administración de Gabriel Boric. 69 se identificaron que tenían antecedentes de distinta naturaleza”, acotó.
En ese sentido, la ministra Vallejo llamó a la oposición a dejar de “mirar la paja en el ojo ajeno”.
“Aprovecho de hacerle un llamado a los parlamentarios de la oposición de derecha, que han querido pasar cuentas políticas a nuestro gobierno”, acotó.
“Por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio presidente Sebastián Piñera entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves”, fustigó.
En ese sentido, señaló que “nuestro Gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas a las pensiones de gracia”.
“Esto ha sido un error, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social, no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro Gobierno”, explicó.
“Así se determinó en un reglamento en últimos meses de la administración anterior, y nosotros hemos cumplido con eso, pero hay que revertirlo, y lo revertimos. Nos hicimos cargo y corregimos eso”, insistió Vallejo.
Asimismo, apuntó que “propusimos modificaciones legales para que la ley, si es que la aprueba el Congreso, exija respecto a este tipo de financiamiento, primero, tener a la vista los antecedentes penales, y segundo, si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termina la pensión de gracia”.
En esa línea, la ministra Vallejo profundizó respecto a los antecedentes, que incluirán homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, enfatizando que quienes hayan sufrido trauma ocular seguirán recibiendo el beneficio.
“A lo mejor algunos tienen bajas penas, pero son de alta connotación y son graves. Lo que sí buscamos es excluir a aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado”, dijo.
“Hasta el momento no hemos identificado ningún caso de trauma ocular severo y que además tenga un antecedente penal de alta connotación”, precisó.
No obstante, existe un probable caso que viene de la anterior administración. “En ese caso, lo que tenemos que ver es que si efectivamente ese trauma ocular que se señala está debidamente acreditado, pero no debería suceder que confluyan esos dos elementos”, indicó.
Por último, la ministra Vallejo descartó que se exija a quienes han recibido el beneficio, devolver los recursos.
“No ha sido ni la propuesta de cambio legislativo ni es un elemento considerado en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo. Difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido”, concluyó.