La Fiscalía iniciará una investigación por las irregularidades detectadas por Contraloría en la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales.
Según determinó la Fiscalía tras un análisis interno, se indagará eventuales responsabilidades legales en lo sucedido.
Cabe recordar que un informe de la Contraloría detectó graves falencias en el otorgamiento de este beneficio. Entre otras cosas, determinó que 58 personas cuentan con antecedentes penales, incluso por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio.
Por otra parte, el documento evidencia que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia no presentaban antecedentes médicos.
Esta acción del Ministerio Público se daría a raíz de una denuncia presentada por diputados de Renovación Nacional, quienes pidieron indagar los eventuales delitos de fraude, prevaricación administrativa u otros que “afectaren el patrimonio fiscal y la integridad de la función pública”.
Asimismo, pidieron al Consejo de Defensa del Estado que “se haga presente al Presidente de la República la necesidad de dejar sin efecto los decretos que otorgaron las pensiones cuestionadas, deduciendo las acciones civiles necesarias para recuperar los recursos fiscales indebidamente percibidos”.
“No es competencia del INDH evaluar ni calificar lesiones”
Por otra parte, Radio Bío Bío tuvo acceso a un documento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que acredita la calidad de víctima de violación de derechos humanos de una persona en el contexto del estallido. Esto, en el marco de una glosa de la Ley de Presupuestos 2022.
Al momento de establecer sus lesiones, dice que “son de tal gravedad que plausiblemente produjeron un menoscabo laboral”.
Sin embargo, agrega que el grado de limitación y permanencia “no es competencia del INDH evaluar ni calificar”. Por ende, aún no queda claro de quién fue el responsable de las entregas irregulares de pensiones de gracia tras las declaraciones del subsecretario Monsalve.