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El informe llama a evitar el otorgamiento de este tipo de beneficios como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos. Esto, independiente del contexto en que se originen.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión especial investigadora que indagó y detectó irregularidades en el procedimiento y criterios para la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social,
Entre los puntos investigados se revisaron los 418 decretos que otorgaron pensiones de gracia por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Ellos se emitieron en los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Cabe destacar que el reporte fue aprobado con 50 votos a favor, 26 en contra (Partido Comunista y Frente Amplio), y 8 abstenciones.
Los parlamentarios de la comisión determinaron que entre los beneficiados había 40 con antecedentes penales y 39 personas que sufrieron lesiones leves. Estas personas cuentan con pensiones vitalicias.
Se observó que, durante la selección de los casos, no hubo en el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ni en el Ministerio del Interior una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones. Tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia. “Da cuenta de la poca objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas”, se expone en el texto.
Igualmente se critica que persiste la duda de la permanencia en el tiempo del daño físico o sicológico. Esto considerando un beneficio vitalicio otorgado para lesiones de carácter leve.
El informe insta al Gobierno a hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves. y revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión. Esto se deberá realizar con un procedimiento especial realizado por un organismo técnico, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
También se recomienda reevaluar el mérito de pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales. Igualmente, si se detecta una mejoría física en beneficiarios con lesiones leves. Ello, considerando que las pensiones otorgadas tienen carácter de vitalicias.
Comisión Investigadora detectó irregularidades en entrega de pensiones de gracia
El texto aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados observa problemas identificados en los procedimientos del Instituto Nacional De Derechos Humanos (INDH). Según se expone, el organismo reconoció falta de competencia técnica como órgano calificador de la calidad de víctima en relación con la acreditación de las lesiones y del menoscabo laboral.
Otro punto abordado en el informe es el aumento del monto del beneficio. Pasó de un mínimo de casi $80.000 a $283.000 por lesiones leves. Según se indicó, ello se justificó en dar una respuesta efectiva de reparación a las victimas del estallido social.
Por último, se detectó problemas en el mecanismo de entrega de las pensiones a través de la Ley de Presupuestos.
“Propicia eventuales infracciones al principio de juridicidad al disponer la intervención de organismos que, como el INDH, no tienen la competencia legal para pronunciarse sobre las solicitudes. Este tipo de regulación genera incerteza jurídica sobre los criterios de evaluación de antecedentes y la acreditación de la calidad de víctima”, se argumenta.
Finalmente, se llama a evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos. Esto, independiente del contexto en que se originen.
De igual forma, solicitan que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud.
