El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), pidió investigar -mediante oficio- una denuncia que argumenta que el gobierno habría extendido una Orden de Compra por $235.200.000 para contratar a un estudio de abogados y defender a migrantes irregulares, contratación que se habría formalizado mediante la OC N°1333-49-SE23 del 22 de diciembre de 2023.

Según el parlamentario e integrante de la comisión de Seguridad, “esta adquisición, de confirmarse su veracidad, sería bastante grave, y generaría un impacto significativo en la ciudadanía, especialmente en un contexto en que los índices de criminalidad se agudizan en nuestro país”.

En este sentido, cabe recordar que después de la Región Metropolitana, la de Antofagasta es la segunda del país afectada de manera grave por el fenómeno de la inmigración irregular o clandestina, y que experimenta consecuencias como el ingreso de personas con historial delictivo, la presencia de organizaciones criminales y la ocurrencia de hechos de alta connotación social, como el tráfico de personas, secuestros, homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.

El diputado Castro considera que esta adquisición contradice la voluntad del Órgano Legislativo, y de la ciudadanía, ya que recientemente la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de ley que sanciona como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, constituyéndose como un mecanismo de contención frente a este fenómeno, iniciativa legal que se encuentra ya en el Senado.

Por lo anterior, el legislador solicitó a la ministra del Interior y al ministro de Justicia y Derechos Humanos que proporcionen la siguiente información:

Informar sobre los fundamentos y circunstancias que explicarían la adquisición realizada por la Defensoría Penal Pública de la Región de Antofagasta mediante la Orden de Compra individualizada.

Detallar el proceso de adquisición, incluyendo la modalidad de la contratación (trato directo o licitación), la identificación de las ofertas recibidas, en su caso, y los fundamentos que explicarían la elección del asignatario de los recursos: Araya y Ángulo asociados.

Informar sobre la manera en que esta adquisición sería destinada a la representación de personas de nacionalidad extranjera que podrían verse imputadas por el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, asumiendo su hipotética aprobación y vigencia como ley.

Finalmente, el parlamentario pidió que las respuestas sean “claras y transparentes sobre esta denuncia” que -de ser cierta, a su parecer sería “muy grave”, e instó a las autoridades a responder de forma ágil y concreta sobre esta posible contratación; “En momentos en los que está avanzando el proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino a nuestro país, no nos podemos dar el lujo de perder más de 200 millones de pesos en esta clase de acciones completamente ideológicas, queremos saber si esto es verdad y analizarlo con urgencia”.