Diputados de RN presentaron un proyecto que busca modificar el Decreto N.º 33 (de octubre de 1981) para que exautoridades del gobierno no puedan acceder a fondos de Fondecyt inmediatamente luego de terminar sus funciones.
Recordemos que durante la última semana la prensa dio a conocer que dos exautoridades del actual gobierno se adjudicaron varios millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Estos fueron: la exjefa del segundo piso de La Moneda, Lucía Dammert y el exsubsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada.
Ante esta situación, los diputados de Renovación Nacional Juan Carlos Beltrán, Miguel Ángel Becker, Hugo Rey y Marcia Raphael, presentaron un proyecto que modifica el Decreto N.º 33 de octubre de 1981, que creó precisamente el Fondecyt.
Cabe recordar que los recursos se asignan “como recursos para el desarrollo de actividades académicas en las distintas áreas que son promovidas”, según se detalla en el escrito.
Legítima duda
Si bien no existen inhabilidades previas para concursar a los fondos, en la iniciativa se destaca lo siguiente:
“Se ha detectado recientemente los espacios de influencia o conflicto de interés que puede existir en relación con funcionarios del Estado, que desempeñan cargos de confianza, de naturaleza política o de jefatura, y acceden a estos recursos, especialmente cuando la asignación ocurre una vez que han abandonado el rol que desempeñaban anteriormente”.
El documento precisa que esta adjudicación a expersoneros del ámbito político siembran “la legítima duda acerca de si existió alguna influencia para dicha decisión, lo que, sin desconocer los méritos formativos, curriculares y académicos de estos adjudicatarios, se explica en función del rol que desempeñaron como autoridad de Gobierno”.
“No podrán concursar, ni ser asignatarios de los recursos del Fondo”
Ante esto, el proyecto sustituye el artículo 4 del Decreto N.º 33, estableciendo que quienes se desempeñaron como Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, seremis, delegados presidenciales regionales o provinciales, “no podrán concursar, ni ser asignatarios de los recursos del Fondo, en ninguna de sus modalidades, las personas naturales que, dentro de los 18 meses inmediatamente anteriores al momento de abrirse la postulación”.
A ellos suman a quien se haya desempeñado como funcionario de cualquier organismo o servicio de la administración del Estado “cuyo nombramiento fuere de exclusiva confianza del Presidente de la República”, y quienes “se hubieren desempeñado o prestado servicios en modalidad de honorarios y en calidad de asesores de cualquier gabinete o repartición de las autoridades señaladas” más arriba.
Finalmente, el proyecto afirma la necesidad de “establecer una inhabilidad con rango legal que impida que quienes desempeñaron cargos de autoridad o de confianza en el ámbito público accedan a recursos del Fondo inmediatamente luego de cesar sus funciones”.