El diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, anunció que rechazará la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en medio de las investigaciones por el caso Convenios.
“He tenido tiempo de revisar los argumentos de la acusación constitucional del ministro Carlos Montes, y he llegado a la conclusión que el libelo mal redactado y pobre de contenido, no se sostiene como para avanzar en un juicio político en contra del titular del Vivienda”, señaló el parlamentario.
En esta línea, Oyarzo lamentó que “Chile Vamos se preste para el uso inadecuado de las herramientas constitucionales que tenemos como diputados. Y espero que para la próxima evalúen mejor y redacten mejor los argumentos para iniciar los juicios políticos”.
“Creo que los hechos de corrupción son graves y es por eso que mañana debe quedar constituida la comisión investigadora del caso Convenios 2.0, que cuenta con más de 62 firmas transversales, porque en la persecución de estos actos de fraude al fisco debemos llegar hasta las últimas consecuencias”, señaló el parlamentario del PDG.
Acusación Constitucional contra ministro Montes
Este jueves, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la Acusación Constitucional contra el exsenador socialista y actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, de no mediar algún nuevo acuerdo.
La Comisión Revisora, que sesionará tres veces en un día y medio, recibirá esta tarde a los firmantes del libelo acusatorio por un lado; y al decano de la facultad de derecho de la Universidad de Chile y abogado defensor de Montes, Pablo Ruiz-Tagle.
En tanto, la instancia invitó a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas -para algunos el testimonio más importante del llamado caso Convenios- y al jefe asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien confirmó este martes que acudirá a la comisión.
El miércoles será el turno de Marcelo Briones, encargado de finanzas del proyecto de los convenios del Minvu con la fundación Democracia Viva, y ese día se votará el informe que irá a sala y por el cual el gobierno va a deducir la llamada ‘cuestión previa’.
Natalia Romero, diputada independiente-UDI, se refirió al calendario de trabajo de la instancia legislativa.
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La derecha está en una posición difícil, expuesta a que las advertencias internas del nuevo fracaso de un juicio político se hagan realidad. Dicen que tenían que hacerlo de todas maneras y recuerda que desde que rige esta constitución, han habido 40 acusaciones y solo tres se han aprobado.
Votos para la AC
Todavía no están los votos y quizás nunca lo estén. La base de votos que tiene esta acusación si no hay ningún ausente es de 68 respaldos, y podría conseguir un par de votos en diputados del Partido de la Gente, buscar convencer a algún diputado de Demócratas y apostar por algún descuelgue, abstención o ausencia que mejore sus chances.
Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista que integra la comisión revisora, dice que en la oposición ya comenzaron con pretextos o señales de que ellos ya saben que hoy por hoy, no tienen los votos.
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Víctor Pino, diputado y presidente de la Comisión Revisora, ha planteado otra línea de argumentación: Que los exministros de Educación, Harald Beyer y Yasna Provoste, fueron destituidos por ser responsables de lo mismo que se le culpa a Montes.
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El Gobierno hará lo suyo con un amplio despliegue de parlamentarios y las conversaciones se han tenido y se seguirán teniendo. El mensaje es no transmitir exceso de confianza ni dar la acusación por ganada.
Como ya es común, el Ejecutivo deberá conversar con el mismo grupo de parlamentarios de fuerzas que están por fuera de las grandes coaliciones y buscará atajar a aquellos que buscan ser convencidos para respaldar el juicio político.
Daniel Manouchehri, jefe de bancada del Partido Socialista, volvió a lanzar un ataque al libelo acusatorio con los tres calificativos que se ha mantenido usando durante semanas: “Ociosa, mentirosa y mala leche”.
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De lo que habrá que observar, se cuentan las gestiones de la oposición, el rol de los tradicionales votos de desempate, las licencias médicas y las negociaciones que pueda iniciar el Ejecutivo, para asegurarse que el pronóstico que acompañó toda la acusación se cumpla y al final ni siquiera pase la declaración de admisibilidad en la Sala.