El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, reconoció este viernes que tanto el indulto a Luis Castillo como la pensión de gracia vitalicia a Andrés Fuica, han afectado al Gobierno, recalcando que se necesitan “políticas de Estado para cambiar las condiciones de seguridad del país”.
Recordemos que Fuica fue incluido en el listado de afectados por el estallido social, pese a que fue condenado por robar un supermercado saqueado en Viña del Mar durante el 18-0; mientras que Castillo recibió su beneficio en diciembre del año pasado y actualmente está en prisión preventiva por el delito de secuestro extorsivo.
“Es evidente que ha afectado al Gobierno, pero son decisiones políticas complejas, ya se tomaron, el Gobierno asume consecuencia de aquello, y en eso no ha alterado en nada la determinación del Presidente de entender primero que la seguridad es un derecho que el Gobierno tiene la obligación de garantizar, y segundo, que requiere de políticas de Estado que sean efectivas para cambiar las condiciones de seguridad del país”, dijo Monsalve en conversación con T13 Radio.
“El Gobierno ha asumido las críticas”
Cabe mencionar que, más tarde, el ministro (s) volvió a ser consultado por el tema y señaló que “el Gobierno ha asumido evidentemente las críticas que han habido respecto a decisiones de esta naturaleza. Respecto a las pensiones, he sido muy claro, el Gobierno ha actuado apegado estrictamente a lo que estableció la Ley de Presupuesto para la entrega de Pensiones de Gracia, y al reglamento que fijó la entrega de pensiones de gracia para víctimas del estallido, reglamento que no redactó este Gobierno, sino que redactó el gobierno anterior”.
“Ni la ley que permite la entrega de pensiones de gracia, ni la glosa que estableció el Parlamento de la Ley de Presupuesto (…) nunca establecieron como requisito solicitar los antecedentes penales previo a la entrega de pensiones de gracia. Eso es lo que hace que el gobierno anterior también entregue 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales. Y nuestro gobierno igual, porque ni el gobierno anterior ni este gobierno tenían el requisito, ni por ley ni por reglamento, de pedir los antecedentes penales”, aclaró Monsalve.
En este sentido, la autoridad indicó que “a nosotros nos parece pertinente tener los antecedentes penales previo a la entrega de un beneficio, y justamente por eso tenemos el mandato del Presidente de ingresar una indicación que va a establecer o lo que busca el Gobierno, que la ley establezca la obligación de que antes que se entregue una pensión de gracia, la autoridad política tenga a la vista los antecedentes penales”.
“La segunda indicación que vamos a ingresar, es entregar una facultad legal clara (…) para que la autoridad política también pueda revocar este beneficio (…). Este gobierno busca repararle la ley con estas dos indicaciones: tener los antecedentes penales y tener la facultad de revocarla“, precisó el ministro (s).
Pensiones de gracia e indultos
Respecto a la misma entrevista, Monsalve indicó que “es bastante evidente lo que he dicho, porque decir lo contrario sería ir contra el sentido común. Ha habido un debate y una opinión pública que mayoritariamente no ha estado de acuerdo con las decisiones, pero al Gobierno lo que corresponde es asumir la responsabilidad de las decisiones que toma”.
Es por esto que reiteró que “en materia de pensiones de gracia, el Gobierno ha actuado en el marco de la ley, de la misma ley que actuaron los gobiernos anteriores, siguiendo los mismos procedimientos, cometiendo los mismos errores que, producto de la ley y de esos reglamentos, se cometieron en gobiernos anteriores”.
“Lo que el Presidente ha instruido es ingresar estas dos indicaciones al proyecto de Ley de Pensiones de Gracia, para que nunca más las autoridades no tengan a la vista los antecedentes penales antes de entregar el beneficio. Y cuando alguien que tiene un beneficio cometa un delito, la autoridad política tenga una facultad legal para revocarla”, recalcó Monsalve.