Luego de la polémica que generó la revelación que dos personas con antecedentes penales fueron beneficiadas con pensiones de gracia tras el estallido social de 2019, el Gobierno anunció el ingreso de mociones parlamentarias para regular la entrega y eventual revocación del beneficio estatal.

Así lo explicó el ministro (s) del Interior y Seguridad, Manuel Monsalve, quien primero se refirió a por qué se han dado caso de personas con antecedentes penales y que han sido beneficiados con pensiones de gracia.

“El Parlamento aprobó en la ley de presupuesto una glosa que establecía la posibilidad de entregar a estas personas y los requisitos de los criterios por los cuales se entregaba, y el Gobierno anterior dictó un reglamento para proceder a la entrega de estas personas”, dijo Monsalve.

Agregó que “ni la ley, ni la glosa ni el reglamento establecía tener a la vista los antecedentes penales de las personas”. y que, tanto el Gobierno anterior y este Gobierno han respetado expresamente lo que decía la glosa que decía que había entregarle menciones gracias a víctimas del estallido social que tenían informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

“Nos parece que ese procedimiento evidentemente, tiene falencias y que, por tanto, es razonable y necesario que la autoridad pida los antecedentes penales primero”, dijo el ministro subrogante.

Además, adelantó que presentarán “una indicación a un conjunto de mociones parlamentarias que están en la Cámara, indicación del Gobierno para establecer por ley la obligación de, previo a entregar una pensión de Gracias, tener a la vista los antecedentes penales de la persona”.

En cuanto a la posible revocación del beneficio, se ingresará una moción “para entregarle una facultad a la autoridad política para revocar este beneficio cuando la persona incurra en conducta que justifiquen revocar el beneficio”.