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La norma exceptúa a quienes hubieren sido afectados con una incapacidad permanente acreditada por el Servicio Médico Legal.
La bancada de Renovación Nacional presentó una reforma constitucional para dejar sin efecto pensiones de gracia otorgadas por el INDH en el contexto del estallido social de quienes tengan antecedentes penales y
Asimismo, la iniciativa plantea que en otros casos se extienda sólo por dos años más.
“Busca dejar sin efecto dentro del plazo de dos años, contados desde la publicación de la presente reforma en el Diario Oficial, las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a sujetos afectados en el contexto del estallido social”, señala.
La norma agrega que las pensiones quedarán sin efecto desde el momento de publicación de la reforma en el Diario Oficial tratándose de sujetos que, al momento de la concesión del beneficio o con posterioridad a ello, fuesen condenados por delitos que merezcan pena aflictiva.
Para dar cumplimiento a esta iniciativa, tendría que ser el Registro Civil e Identificación quien remita los antecedentes a la Subsecretaría del Interior, la que debería enviar el listado de beneficiarios de conformidad a lo dispuesto dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de la presente reforma en el Diario Oficial.
En ese sentido, la Subsecretaría del Interior deberá oficiar en el más breve plazo a la Tesorería General de la República para el cese del pago cuando ello fuere procedente de conformidad con lo señalado precedentemente.
RN por pensiones de gracia: “Este proyecto busca volver a lo justo”
Sin embargo, la iniciativa exceptúa aquellos casos en los que, producto de los eventos posteriores al estallido social, hayan producido incapacidad permanente del beneficiado, lo que tendría que ser acreditado por el Servicio Médico Legal.
Ante ello, el diputado Diego Schalper señaló que han presentado un proyecto que busca terminar con el abuso que se han cometido con pensiones asociadas al estallido social.
“Tenemos la convicción de que lo que ahí aconteció y esos hechos de violencia tienen que ser considerados realmente como algo que agravó y perjudicó a personas concretas y malamente pueden dar pie a personas beneficiadas en pensiones de gracia”, aseguró.
El parlamentario añadió que “este proyecto lo que busca es regularizar esa situación, volver las cosas a lo correcto, a lo justo y, muy importante, dejarle claro al Instituto Nacional de Derechos Humanos que su trabajo es velar por todos los derechos humanos”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro dijo que “los chilenos no tienen por qué pagar con sus impuestos las pensiones a sujetos que en muchos casos hicieron un grave daño a nuestro país. Por lo demás hay otros que están cuestionados por haber cometido delitos después incluso de haber recibido esta pensión”.
En tanto, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, agregó tomar en consideración los antecedentes penales antes de otorgar este tipo de beneficios.
“Acá hubo una negligencia evidente en la revisión de los antecedentes por parte de la Comisión Revisora del Ministerio del Interior sin perjuicio de la revisión previa que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, afirmó.
Cabe precisar que, junto a los parlamentarios, otros diputados del partido figuran como autores del proyecto: Carla Morales, Hugo Rey, Juan Carlos Beltrán, Ximena Ossandón, Sofía Cid, Frank Sauerbaum y Marcia Raphael.
