Extensa fue la primera jornada de formalización de los 55 imputados en la llamada “Operación Tributos”, en la que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para 26 de los acusados.

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente, serían 6 clanes los que habrían participado en el mayor fraude tributario en la historia del país, en el que se habría evitado el pago de más de 240 mil millones de pesos.

Entre los delitos que imputó el Ministerio Público se encuentran asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en exportaciones, junto con ilícitos que tienen que ver con el momento de la detención de algunos acusados, como tenencia de armas y municiones de alto calibre, y porte de drogas.

Así lo detalló el persecutor Metropolitano Occidente, Eduardo Baeza, quien afirmó que dada la fecha en la que se habrían cometido los delitos no se podrían aplicar los tipos penales establecidos en la nueva Ley de Delitos Económicos.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró el trabajo y la investigación realizada por casi siete años, afirmando que el Ministerio Público está respondiendo a las peticiones de la población.

Al momento de las diligencias realizadas por la PDI, se incautaron en total 30 millones de pesos y 59 mil dólares en efectivo, mientras que la Fiscalía ha solicitado el congelamiento de 424 cuentas bancarias y 3 de crypto monedas, como también requirió al tribunal el levantamiento del secreto bancario para todos los imputados.

El director general de la PDI, Sergio Muñoz, se refirió a la importancia del procedimiento realizado en diversas regiones del país para la detención de los 55 acusados.

Ayer se alcanzaron a debatir las medidas cautelares para 13 personas que pertenecerían al principal grupo del caso, liderado -según expuso el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza- por José Antonio Pavez Caneza, controlador de 16 sociedades y empresas presuntamente fantasma o de papel, a través de las que habría emitido más de 100 mil facturas falsas.