Este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados vota el reajuste del sector público, incluyendo el controversial adelanto y cambio de cálculo del Índice de Costos de Salud (ICSA), que abrió un flanco entre el oficialismo y La Moneda.
Desde el comienzo del trámite la Comisión de Hacienda, presidida por la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, decidieron postergar hasta el lunes esta votación, mientras los parlamentarios abrían por primera vez un espacio de diálogo con el Ejecutivo.
La crítica es de forma y de fondo: No gustó que viniese en el reajuste y que no fuesen advertidos de su contenido, además de que el Gobierno pareció no hacer esfuerzos para que la iniciativa pasara por la Comisión de Salud.
De fondo, el adelanto del cálculo vino con la eliminación de los mecanismos de contención de costo, creados por ley para que el aumento de precios de los planes no fuese tan alto. Parlamentarios especulan que el ICSA podría terminar en un 5 o un 6 por ciento, más del doble del precio actual.
Gael Yeomans dijo que espera un entendimiento con el Gobierno que incorpore por ejemplo, una conversación más profunda sobre el sistema de salud.
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Oficialismo cuestiona al Gobierno por el Índice de Costos de Salud
Fuentes de La Radio aseguran que se han registrado algunos avances: El argumento de los parlamentarios, es que el Ejecutivo podría ganar algo de control sobre el trámite, si entiende que se deben hacer gestos, como patrocinar indicaciones o incluso proyectos de ley y dar margen a los parlamentarios para rechazar la iniciativa.
El ICSA puede ser repuesto en el Senado y quizás podría hacerlo con propuestas. Por ejemplo, la idea del DC, Eric Aedo, que plantea postergar el cálculo del ICSA 2025, como compensación por el adelanto actual.
También está la idea del diputado Tomás Lagomarsino, de incorporar un mecanismo de verificación del cálculo, que sea propuesto por la Superintendencia de Salud, entregando una nueva facultad de control sobre las Isapres al organismo que lidera el exdiputado DC, Víctor Torres.
Mientras, Ana María Gazmuri, presidenta de la Comisión de Salud, mantuvo conversaciones con los asesores del Ministerio de Salud hasta tarde en la noche de domingo.
La idea es buscar una fórmula que permita a los parlamentarios expresar su desacuerdo con el organismo, sin derribar alternativas para paliar el impacto a las Isapres.
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La oposición observa que el Gobierno se compró un problema y ha mantenido cierta distancia con las formas de La Moneda y el conflicto que mantiene con sus propios parlamentarios.
Esto, porque estiman que el Ejecutivo no debió presentar el recálculo del ICSA en el reajuste, abusando dicen algunos de la naturaleza miscelánea de la ley de reajuste. Sin embargo, creen que el Índice de Costos de Salud debe ser aprobado y probablemente desde la oposición terminen respaldando al Gobierno.
Agustín Romero, jefe de bancada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Salud, dijo que La Moneda no tiene capacidad de negociación, pero aclaró que probablemente sí habrá piso para respaldar el mecanismo.
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Senador Castro asegura que Gobierno comprometió acuerdo que no tenía
En el Senado miran con distancia y no son pocos quienes especulan que la Cámara Alta se evitó este problema en concomitancia con el Ejecutivo. El compromiso fue hecho con la Comisión de Salud del Senado, pero el conflicto está firmemente alojado en la Cámara Baja.
La semana pasada tuvo una fuerte especulación sobre el rol fallido del comité político en detectar que sería problemático y en adelantar su contenido a los diputados y diputadas.
Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, dijo a La Radio este domingo lo que siempre ha sido un secreto a voces, respecto a que el Gobierno le dio garantías a los senadores de que había un acuerdo alcanzado que nunca existió.
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Aún hay espacio de maniobra en el trámite y varios piensan que podría llegar a Comisión Mixta, ya que el reajuste debe estar antes de fin de año y ya se citó a una sesión especial del Senado para el jueves.
En la Comisión de Hacienda el Índice de Costos de Salud encuentra su primer obstáculo y fue el diputado comunista, Boris Barrera, quien pidió votación separada para marcar el ritmo de la tramitación, rechazando la propuesta de La Moneda.