La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de ley que castiga penalmente a quienes entreguen antecedentes falsos u obstruyan la labor de una Comisión Investigadora, así como también sanciona con la inhabilitación perpetua para cargos públicos.
Lo anterior, a propósito del Caso Convenios, especialmente luego que el exseremi de Antofagasta, Carlos Contreras, dijera que el gobierno recibió un informe el 7 de junio sobre el trato entre el Minvu y Democracia Viva.
Esto se contrasta con la fecha que, según el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, conoció de un “rumor” al respecto.
Al respecto, la bancada de diputados de Renovación Nacional, presentó un proyecto de ley que sanciona “en sede penal la entrega de antecedentes falsos en comisiones especiales investigadores de la Cámara de Diputados”.
En la iniciativa, los parlamentarios apuntan a la experiencia española respecto a la fiscalización de la acción del gobierno y a la persecución de responsabilidades políticas.
En ese sentido se precisa que el Código Penal español “establece que quien faltare a la verdad en su testimonio ante una comisión investigadora será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
Además que quienes no acudan a comparecer, “serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.
Recordemos que el trabajo de la comisión especial investigadora de la Cámara del denominado Caso Convenios estuvo marcada por la negativa inicial del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.
Así entonces, el artículo único de la iniciativa legal presentada por los parlamentarios de RN, establece que “toda persona que preste testimonio ante una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados deberá proveer información veraz, absteniéndose de cometer falsedad en sus declaraciones”.
Y quien “maliciosamente faltare a la verdad (…) o a sabiendas aportare antecedentes falsos con el objeto de obstaculizar el funcionamiento de la misma, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos”.
Se añade que quien acuda a la comisión, “antes de entregar su testimonio, prestará juramento o promesa de decir la verdad sobre lo que se le preguntare”. Se propone igualmente que el presidente de la instancia investigadora, “instruirá al compareciente acerca del sentido del juramento o promesa y de su obligación de ser veraz, así como de las penas”.
La presentación de esta iniciativa busca fortalecer las herramientas fiscalizadoras de la Cámara, cuestión que a juicio de los parlamentarios de Renovación Nacional es fundamental para la buena salud de nuestra democracia y el rol limitador del poder del Parlamento, indicaron.