Los recientes antecedentes relacionados con la investigación del Caso Convenios han reflotado la discusión en torno a una eventual Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo que podría ocurrir luego del plebiscito del 17 de diciembre, según anticipan desde la oposición.
Recordemos que esta semana la Comisión Investigadora presentó su informe en el que acusó “reprochable inobservancia” del secretario de estado.
El documento detalló que Montes no conocía la situación que afectaba profundamente a su cartera, pero que ello “no evitaba el reproche a la diligencia con la cual condujo su ministerio”.
Días más tarde, la PDI allanó el edificio del Ministerio de Vivienda para incautar antecedentes relacionados con el Caso Convenios.
Y en medio de estos hechos, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, aseguró que La Moneda supo de los convenios con la fundación Democracia Viva antes de que estallara el caso, lo que fue descartado por el Ejecutivo.
Oposición prepara AC contra ministro Montes
El diputado de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, señaló que Montes debería “dar un paso al costado”, y si no lo hace, “la acusación constitucional va a tomar más fuerza” después del plebiscito. En ese sentido, aseguró que “el ministro tiene sus días contados”.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Por su parte, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, aseguró que desde su partido están a la espera de una reflexión por parte del ministro Montes, antes de evaluar su postura respecto a la acusación.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
En tanto, en el oficialismo defienden la gestión del ministro. Ante una eventual Acusación Constitucional, el diputado del PS, Tomás de Rementería, acusó a la derecha de “persecución política”.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, señaló que hay que dejar que el ministro Montes continúe ayudando en la investigación.
Tu navegador no soporta audio en HTML5
De concretarse el anuncio, sería la quinta Acusación Constitucional contra un ministro durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric, luego de los juicios políticos contra Izkia Siches, Giorgio Jackson, Marcela Ríos y Marco Antonio Ávila.