Karin Salgado, una técnico en enfermería de 40 años, se quitó la vida el 12 de noviembre de 2019. En una sentida carta, la mujer dio a conocer sus razones, las que apuntaron a un desgarrador caso de acoso laboral que sufrió por parte de sus colegas y superiores en el Hospital Herminda Martin de Chillán.
Su caso generó gran conmoción en el país. Su hermana, Claudia Salgado, tomó la iniciativa para buscar justicia por su hermana fallecida. Después de casi 3 años, el 13 de junio de 2022 se ingresó un proyecto de ley para modificar el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral.
“Con este proyecto también queremos recordar a aquellos trabajadores y trabajadoras que, siendo víctimas de constantes hostigamientos, abusos o actos de violencia, al interior de su trabajo, han visto afectada su vida diaria, su salud física y mental, e incluso, en algunos casos, han tomado la decisión de quitarse la vida”, precisaba el texto presentado por la diputada Erika Oliviera (Demócratas).
La norma, que fue despachada este miércoles por la Comisión de Trabajo del Senado, contempla la implementación de un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.
Un compromiso que estaba al debe
El caso de Karin está ad portas de convertirse en la aprobación de una ley que modifica la legislación sobre acoso laboral. Esta busca prevenir, investigar y sancionar casos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, incorporando tanto al sector público como al privado.
La iniciativa es parte de los compromisos adquiridos por Chile con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 190 sobre eliminación de la violencia y el acoso laboral.
Entre sus indicaciones, el proyecto buscó hacer una mención expresa a “salud física y mental” en el Código del Trabajo, expandiendo las posibles interpretaciones al concepto de “salud”.
También establece la obligación del empleador de adoptar todas las medidas necesarias para proporcionar atención psicológica especializada inmediatamente al trabajador o trabajadora denunciante, algo que Karin nunca tuvo.
La necesidad de establecer protocolos
Se establece, además, el deber de confeccionar protocolos de prevención e investigación del acoso laboral (y sexual) al interior de la organización. Este debe incluir la designación de un delegado voluntario, y uno suplente, que presten apoyo durante el proceso de denuncia y aseguren la imparcialidad, discreción y privacidad del afectado o afectada. En esa misma línea, el empleador deberá proporcionarles capacitaciones periódicas en la materia.
Además, se establece la obligación del empleador de denunciar al Ministerio Público aquellos hechos de acoso laboral que pudieran constituir delito. Esta obligación permite asegurar que aquellas denuncias con mayor gravedad sean investigadas por organismos públicos persecutores penalmente, lo que, eventualmente, puede significar la imposición de medidas cautelares en contra de la persona denunciada.
Finalmente, se contempla una multa en caso de incumplimiento por parte del empleador de la obligación de confección de protocolos de prevención, investigación y sanción de conductas de acoso laboral. Esta sanción comprende una multa de entre 150 a 300 unidades tributarias mensuales.
El “calvario” de Karin Salgado
Karin decidió quitarse la vida el 12 de noviembre de 2019, después de sufrir acoso laboral en el Hospital Herminda Martin de Chillán. Quienes la conocieron la describieron en su momento como una persona con vocación de servicio y amante de los animales. Su “calvario”, como ella lo describió, comenzó cuando el Hospital inició un sumario por la denuncia de hurto de insumos, del cual Karin fue testigo.
A raiz de sus declaraciones en este sumario, se desencadenó una ola de malos tratos hacia su persona. La situación la llevó a una suspensión laboral de 30 días y una anotación de demérito, afectando su salud emocional y psicológica. A pesar de los intentos de Karin por demostrar su inocencia, las declaraciones de colegas fueron manipuladas, y la presión de sus superiores terminó generando un trato cada vez más hostil, según dio a conocer un reportaje de BioBioChile.
Incluso, en un momento llegaron a trasladarla a la bodega de farmacia. El problema: recortaron su sueldo en un 50%. A raiz de esto, Karin envió una carta a Contraloría para intentar recuperar su sueldo (que originalmente era de 500 mil pesos). Sin embargo, cuando Karin supo que su apelación había sido rechazada, entre lágrimas de desconsuelo le comentó a sus cercanas: “Con esto me mataron”.
Un sistema que falló
A pesar de la gravedad de la situación, Karin no recibió la asistencia psicológica necesaria y, tras un primer intento de suicidio en octubre de 2019, no volvió a trabajar. La falta de apoyo y el hostigamiento contribuyeron a su depresión, llevándola a tomar la decisión de quitarse la vida.
Su historia marcó un antes y un después en la urgencia que tiene el Estado de Chile de abordar el acoso laboral. Su hermana, Claudia Salgado, aseguró que el camino ha sido largo y doloroso, pero que “ya comienzan a verse los frutos”.
Y agregó que “lo importante es que esto no se repita y llegue a tiempo para cientos de personas para quienes el trabajo se ha transformado en un lugar de tortura”.