El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, actualizó la situación de los migrantes que no pudieron ser expulsados la semana pasada debido a que no se concretó el vuelo con destino a Venezuela por falta de capacidad logística en suelo venezolano.

Una de las dudas que dejó dicha circunstancia es qué pasaría con aquellos migrantes que tenían orden de expulsión vía administrativa, por lo que su viaje fuera de Chile debía concretarse antes de cinco días, los que vencen hoy.

Al respecto, el subsecretario Monsalve explicó en Mega que dichos migrantes no estaban todos detenidos al momento de confirmarse que el vuelo no iba a despegar, lo que se conoció el jueves pasado.

Pero, respecto de que los que si estaban en dependencias de la Policía de Investigaciones, algunos ya fueron subidos en vuelos comerciales y otros se concretarán este lunes.

“Las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales, ya fueron expulsadas”, explicó Manuel Monsalve, a lo que agregó dicha situación “pasó el fin de semana y si no ha pasado alguna, va a pasar hoy día”.

Cabe recordar que el viernes 24 de noviembre saldría de Chile con rumbo a Venezuela un vuelo privado con capacidad para 120 personas. El objetivo era concretar expulsiones judiciales y administrativas de extranjeros, pero la partida debió ser suspendida por problemas logísticos.

En principio, la ministra del Interior y Seguridad informó que la suspensión del vuelo se debía a un rechazo de parte del gobierno venezolano. Minutos más tarde, el director del Servicio de Migración, Luis Thayer, aclaró que se debía a la falta de un permiso emitido por el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela.

El vuelo pretendía concretar la expulsión de 60 extranjeros de origen venezolano, todos ellos con ingreso irregular a Chile. Un porcentaje no informado presentaba órdenes de expulsión por comisión de delitos, mientras que otro porcentaje debía abandonar el país por orden administrativa.

Precisamente, este último grupo es el más apuraba al Gobierno, considerando que una vez emitida la orden de expulsión no judicial, el Estado tiene cinco días para concretarlas, de lo contrario queda sin efecto.