Comienzan a aparecer las primeras víctimas de los sumarios e investigaciones, tanto judiciales como administrativas, que han sido abiertas tras el polémico audio filtrado que involucra a los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, y al empresario dueño de Factop SPA, Daniel Sauer.
Ayer, el director del Servicio de Impuestos Internos confirmó la suspensión de cinco funcionarios, entre ellos Christian Soto, quien fue removido del cargo de director del departamento de Grandes Contribuyentes del ente tributario.
Según ha indagado Radio Bío Bío, hasta el momento habrían declarado seis funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, cinco en las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entre ellos Soto, y uno en Arica.
Todos formarían parte de la investigación en calidad de testigos, y no de imputados, como ha sido difundido por algunos medios.
Audio filtrado
Hoy, parlamentarios del Partido Socialista anunciaron la presentación de una querella en este caso.
El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, confirmó la primera querella criminal que será presentada en el marco de la filtración de este polémico audio, en contra de quienes resulten responsables por los presuntos delitos de cohecho al interior de organismos públicos.
“Atendido a los graves antecedentes que se han conocido en las últimas horas, la bancada del Partido Socialista ha decidido interponer una querella por delito de cohecho agravado de funcionario público”, indicó el parlamentario.
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La legisladora del mismo partido, Daniela Cicardini, sostuvo que es necesario llegar hasta las últimas consecuencias en el caso, considerando el contexto de crisis de credibilidad que perciben los ciudadanos de las instituciones.
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El exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, analizó la situación que mantiene, hasta el momento, mantiene a cinco funcionarios del organismo fiscalizador, señalando que ha faltado control y gestión.
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Esta mañana también se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados la creación de una comisión investigadora que indague los antecedentes y alcances de las posibles redes de corrupción que fueron develadas a través de este audio, que continúa generando reacciones en el mundo político, económico y judicial.