Hubo 7.147 procesos de expulsión de las cuáles 735 se concretaron. De ese total, 239 son administrativas y 496 son judiciales. Desde que comenzó este gobierno, se han expulsado mil 801 personas por ambas vías.

Si uno hace un comparativo, en los cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera se expulsaron 2.052, 2.232, 1.470 y 941 personas entre el 2018 y el 2021. Este Ejecutivo hasta el momento no ha superado ninguna de éstas cifras.

Carolina Tohá recibió duros cuestionamientos de la oposición por usar la métrica de las flagrancias y los avistamientos para calcular el ingreso irregular. El Presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, dijo que eran cifras ‘mañosas’.

Tohá pidió que se dejen de cuestionar cifras oficiales, explicó el criterio y llamó a terminar con ‘debates estériles’.

Otra controversia son las reconducciones. Durante este gobierno, se han realizado 33 mil 158 solicitudes a países vecinos, de las cuales se han rechazado más de 24 mil y concretado un poco menos de nueve mil.

No es nuevo que la oposición y parte de la centro izquierda, cuestiona un decreto del Servicio Nacional de Migraciones del 13 de junio del año pasado, en que se expresa que personas no bolivianas que entran irregularmente a Chile, no pueden ser expulsadas a Bolivia.

Hay que esperar la respuesta de Tohá esta jornada, porque cuando el punto lo hizo en la comisión el RN, Diego Schalper, la ministra puso cara de extrañeza e hizo un ‘no’ con la cabeza.

Schalper dice que lo que él haría, sería mejorar las acciones diplomáticas con el gobierno boliviano.

El ejecutivo anunció que comenzará a usar la resolución de expulsiones extraordinaria por razones de seguridad interior y el ingreso de dos proyectos: Uno que reduce los días para apelar a la expulsión y otro que permite a la PDI allanar domicilios de personas que deben ser expulsadas.

Jaime Araya, diputado Independiente-PPD, saludó la iniciativa y señaló que todas las medidas son complementarias para resolver la crisis.

Sin embargo, dijo que la matemática muestra un desafío: Si es efectivo que hay 12 mil expulsiones pendientes, por vía decreto se tiene que mostrar voluntad real. Si no, lo percibe como una distracción para no tramitar el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.

Este proyecto, genera dudas en el oficialismo. Raúl Leiva, diputado socialista de la comisión de seguridad, dice que esa iniciativa es solo un punto político que solo terminará con procesos judiciales impracticables de decenas de miles de migrantes.

Además, Leiva dice que no hay que perder de vista que sin importar qué criterio se use, las cifras de migración irregular siempre serán un estimación.

Por 104 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados renovó por segunda vez el decreto de Infraestructura Crítica que faculta la presencia militar en la zona norte.

El diputado UDI de la región de Tarapacá, Renzo Trisotti, dice que esta medida debe complementarse con otras medidas y es categórico: Hasta ahora el gobierno ha fracasado y está dando ‘palos de ciego’.

La ley, los procesos judiciales, las relaciones diplomáticos y los recursos presupuestarios limitados son todas trabas para descomprimir el largo listado de expulsiones decretadas.

Esta mañana en la Comisión de Seguridad se reactiva el debate con el análisis de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a los emplazamientos que quedaron pendientes este lunes.