En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, el ‘Caso Convenios’ tomó protagonismo en la discusión de los dineros del Ministerio de Vivienda, pese a que se aprobaron los recursos de la partida.

La oposición habló de corrupción, recordó la posible acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes y respaldó indicaciones inadmisibles.

Montes estuvo presente en el Congreso y además de anunciar un encuentro con todos los seremis de la cartera, se refirió al inminente juicio político en su contra.

Durante la tarde del jueves, la discusión de la Ley de Presupuesto 2024 en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se convirtió en el lugar en que los partidos políticos se sentaron a debatir del ‘Caso Convenios’.

Esto porque tocaba la esperaba partida 18, que corresponde al ministerio de Vivienda. El telón de fondo es conocido: Indagatoria del ministerio público, informe de contraloría, declaraciones cruzadas, comisión investigadora, una posible acusación constitucional.

Uno a uno, parlamentarios de oposición fueron acusando al gobierno y al oficialismo, llamándolos a ‘pedir perdón’ a Chile por el mal uso de recursos destinados a campamentos y acusando que la trama de corrupción afectó la baja ejecución presupuestaria en algunos programas de la partida.

El Plan de emergencia habitacional, la construcción de viviendas de emergencia y el arriendo como política pública sin que afecte la posibilidad de conseguir vivienda también fueron debate.

Pero lo político asomó siempre la cabeza y hubo propuestas de lado y lado. El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, defendió en sala al ministro de Vivienda, Carlos Montes y al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Pero al mismo tiempo, le pidió a Montes desvincular a los 15 seremis que ocupan cargos en oficinas ministeriales donde hubo transferencias irregulares.

Les enrostraron la superioridad moral, partidos políticos que se aprovecharon del estado y las imputaciones que se hicieron en el pasado.

Juan Antonio Coloma, diputado UDI que integra la comisión investigadora, dice que es este es el ministerio ‘de la corrupción’ y calificó como insuficientes los recursos entregados en la partida.

No entró a la sala, pero su llegada causó reacciones. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó al Congreso Nacional a la hora de almuerzo y se le vio en los pasillos conversando con parlamentarios, bromeando con funcionarios y desde la SEGPRES, miró el debate.

Habló de evaluar la continuidad de seremis en el cargo y pidió que la comisión investigadora pueda entregar conclusiones informadas, dijo respetar las facultades de quienes pretenden acusarlo, pero también que no entendía sus argumentos. También contó que está en constante comunicación con el Presidente de la República.

Anunció un encuentro con los seremis de vivienda para analizar el caso y no descartó ninguna futura desvinculación.

La partida de salud fue un triunfo del gobierno. Al iniciar el día parecía todo cuesta arriba con una serie de programas y subsecretarías rechazadas y una crítica a la falta de diálogo del ejecutivo.

Durante la mañana se abrió el panorama: El gobierno comprometió recursos para fortalecer la Atención Primaria de Salud, la construcción de 10 CESFAM y 7 SAR, nuevos recursos para salud mental y hasta el reintegro de más de 6 mil funcionarios COVID con un sistema de redistribución de asignaciones y sin necesidad de concursos.

Ana María Gazmuri, Presidenta de la comisión de salud, participó de las conversaciones y optó por retirar buena parte de sus indicaciones, en favor del compromiso del ejecutivo.

Eso no quita que no hubiesen 7 indicaciones aprobadas por la oposición y que se cuestionara la falta de gestión en deuda de FONASA, las listas de espera, la inversión en hospitales y hasta el camino de la ley corta de Isapres o la lentitud de una reforma en salud.

Daniel Lilayú, diputado UDI integrante de la comisión de salud, presentó una serie de indicaciones y algunas de ellas contaron con apoyo: Preocupa en particular al ejecutivo la que aumenta el per cápita en salud rural.

Este viernes terminará la discusión de presupuesto y un acuerdo de comité que cortó las palabras en cinco partidas aseguró que no sea una discusión de madrugada.

Los ojos están posados ahora en la partida 31 de gobiernos regionales, lugar en donde también se espera el mismo volumen de palabras inscritas que en vivienda -cerca de 75- y en el que la oposición pretenderá derribar la lógica de recursos del ejecutivo.