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Una de las faltas que se detectó a lo largo de todo el país que se realizan asignaciones directas de iniciativas de inversión “a entidades ejecutoras sin fundamentación”.
El contralor de la República, Jorge Bermúdez, realizó una nueva presentación ante la Comisión Especial Investigadora por el Programa de Asentamientos Precarios en la Cámara de Diputados, respecto de las auditorías realizadas tras la polémica por convenios con trato directo entre el Estado y fundaciones e instituciones sin fines de lucro.
En la oportunidad, el contralor detalló que se auditaron 15 de 16 seremías (Aysén no registra convenios del tipo investigado) en las que se detectaron 16 observaciones.
La primera de estas, y a juicio de Bermúdez la principal falla del sistema de convenios vía trato directo, es la “Falta de procedimiento formal para selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”.
Es más, Jorge Bermúdez detalló que de existir dicho protocolo, se evitarían la mayoría de las otras observaciones. Es más, dicha observación se detectó en todas las seremías investigadas.
Otras de las faltas que se detectó a lo largo de todo el país que se realizan asignaciones directas de iniciativas de inversión “a entidades ejecutoras sin fundamentación”.
Además, el contralor explicó que se detectó la “falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de la transferencia”.
En tanto que solo en Antofagasta y O´Higgins se confirmó que hubo “personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del servio o de la seremi del Minvu respectiva”.
Así también, en las regiones Metropolinta, Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O´Higgins, Maule, Ñuble, Los Lagos, se detectó “falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios”.
Cabe destacar que la Contraloría informó que 19 fundaciones han sido objeto de investigación, y en relación a contratos sostenidos entre 2021 y 2023 con el Estado. No obstante, y a pesar de todos los antecedentes recopilados, Jorge Bermúdez aseguró que no se puede hablar de un “modus operandis”, y que dicha categoría debe ser establecida por otras entidades.
Uno de los hechos conocidos en el informe de Contraloría y que fue resaltado por los diputados presentes en la comisión es que se detectó falta al deber de abstención y eventual vulneración al principio de probidad. Estos hechos fueron asociados a las seremías de O’Higgins (Fundación Arquiduc), Bío Bío (Urbanismo Social y ProCultura), Antofagasta (Democracia Viva) y Maule (Urbanismo Social).
