El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, dio a conocer esta jornada un comunicado en donde se refieren a las acciones tomadas luego de conocerse los tratos directos con la Fundación Democracia Viva, asegurando que se terminaron de forma anticipada 11 convenios.
“Durante 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, tres corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente siete en proceso de revisión”, aseguraron desde la cartera en un comunicado público.
De igual manera, se refirieron a los informes de Contraloría en que detallan 30 observaciones respecto de hechos similares a los vistos en Antofagasta con Democracia Viva, ocurridas en 15 oficinas regionales de vivienda. En todas es el mismo modus operandi.
Al respecto, el Minvu aseguró que “entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre las Secretarías Regionales Ministeriales del Minvu fueron notificadas de los informes de auditoría que llevó adelante la Contraloría General de la República”.
“Valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”, asegurarn desde la cartera dirigida por Carlos Montes.
Desde el Minvu recordaron que durante este proceso, también “se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente”. Además, se iniciaron investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país.
Asimismo, explican que “desde un principio”, plantearon que “el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control”.
Es por esto, y también luego de las orientaciones entregadas por la Contraloría, se está implementando “una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia”.