Yariela Ardiles, presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, se refirió a la extendida crisis que vive la educación pública, asignando responsabilidad de la misma al diputado del Partido Socialista, Juan Santana.
“Con respecto al diputado Juan Santana (PS), no mantenemos ningún tipo de contacto y nuestras bases han solicitado que se le impida cualquier posibilidad de acceso al Colegio de Profesores de Atacama, ya que él realizó todo un reparto político dentro del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) local”, aseguró la dirigenta del gremio en la zona norte del país, según publica El Mostrador.
Precisamente, una de las aristas que motiva la paralización de más de 50 días que llevan adelante docentes de colegios de Atacama, es la actualidad del SLEP, lo que según la líder del Colegio atacameño ha sido ignorado por Santana.
“Cuando lo invitamos a dialogar, nos dijo que, estando en la Comisión de Educación de la Cámara, estaba a favor de la ley del servicio local, pero cuando le señalamos las irregularidades presentes en el servicio, nunca nos prestó atención”, comentó Yariela Ardiles.
Según la propia dirigente, la supuesta influencia del diputado Juan Santana habría sido confirmada por el propio exministro de Educación Marco Ávila.
La profesora Yarela Ardiles explicó que, en una reunión con Ávila, en la que discutieron la situación del servicio local, “el ministro nos mostró un cuaderno con nombres de asesores, indicando que fueron recomendados por el señor Juan Santana”.
“Justo eran personas de su grupo dentro del PS. Nos pareció un absurdo porque las dos personas que él había puesto eran un concejal de la comuna de Copiapó y una concejal de Caldera. Le dijimos que eso era inaceptable porque constituía un reparto político, e incluso Ávila terminó gritándome”, afirmó la líder del Colegio de Profesores.
En particular, se trata de los concejales socialistas, Claudio Álvarez, de Caldera, y Miguel Carvajal, de Copiapó, quien, en ese entonces, era también presidente regional del PS.
Nombres que habrían generado incomodidad en la dirigencia nacional socialista. El primer recomendado, Claudio Álvarez, tenía un juicio de cuentas pendiente en la Municipalidad de Caldera. Mientras, el segundo, Miguel Carvajal, había sido jefe jurídico en la Municipalidad de Tierra Amarilla, cuyas autoridades fueron investigadas en 2017 y 2018 por el Ministerio Público por delitos de fraude al fisco.
Es más, Carvajal renunció a la presidencia regional del PS en septiembre pasado, y actualmente tiene su militancia suspendida por el Tribunal Supremo del partido, luego de autodenunciarse por un caso de soborno en el Concejo Municipal de Copiapó, relacionado con una concesión de áreas verdes en la que su voto era decisivo.
Pero esa no es la única crítica que se ha posado sobre Juan Santana, ya que se le suma lo hecho por el seremi de Educación de Atacama, Gabriel González (PS), también cercano al diputado, quien -según explican desde el Ministerio de Educación- ha sido superado por la crisis.
Juan Santana salió al paso de las críticas asegurando que desconocía por qué “se afirma que yo sugerí a esas personas (los concejales)”. Y agregó: “¿Cómo voy a contratarlos yo, si el empleador es el Servicio Local de Atacama?”.
En tanto, sobre el proceso interno que vive Miguel Carvajal, aseguró que le “parece adecuado que, cuando un militante está siendo objeto de una investigación administrativa, el PS también inicie una investigación interna a través de los órganos correspondientes, que en este caso es el Tribunal Supremo (…) No sé si se ha demorado el Tribunal. Hay que entender que esto se presentó hace algunas semanas. Hace algunos días tuvimos un Congreso, que requirió mucho esfuerzo y donde, además, se determinaron los nuevos integrantes del Tribunal Supremo”.