Dentro del plazo de 5 días, el Gobierno respondió a la Contraloría por la ausencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora por el Caso Convenios. Argumentando la "poca anticipación" con la que fue requerida su presencia, desde La Moneda indicaron que "la aplicación de la sanción resultaría inoportuna y desproporcionada".
Durante el plazo, tal como lo habían anunciado, el Gobierno respondió por la ausencia -en dos oportunidades- del jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, a la comisión investigadora por el Caso Convenios.
Recordemos que fue el contralor Jorge Bermúdez quien manifestó que Crispi debía explicar a la Contraloría sus razones para negarse a asistir a la instancia de la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas (…) justificar sus actuaciones, eso independientemente de la denominación que tenga a su cargo”, dijo Bermúdez.
Posteriormente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró que “este es un asunto que no tiene que ver con Miguel Crispi, es un asunto que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República”.
La respuesta del Gobierno por la ausencia de Crispi
A través de un documento de 7 páginas, firmado por el director administrativo (s) de Presidencia, Mario del Carpio, el Ejecutivo respondió a lo solicitado en un plazo de 5 días.
En el oficio, al que tuvo acceso BioBioChile, se refirieron a la primera citación a la comisión investigadora fue el 2 de octubre con el “propósito que proporcione los antecedentes que obran en su poder en relación con los mandatos refundidos conferidos por la sala a esta comisión”.
Ante esto, el Ejecutivo argumentó que el jefe de asesores no pudo asistir por “la poca anticipación con la que fue requerida su presencia (…) estimando insuficiente el tiempo que entre el envío de la citación y la realización de la sesión”.
La segunda citación, para el 12 de octubre de 2023, dice el documento, “al señor Crispi tampoco le fue posible participar en esta oportunidad, por lo que, junto con remitir la excusa correspondiente, concurrió a proporcionar antecedentes, por sí y por escrito”.
De igual forma, el Gobierno indicó que -tras revisar las 66 Comisiones Especiales Investigadores- desde 2018, “es posible observar que al menos en 50 de ellas se han presentado antecedentes y respuestas por escrito mediante las cuales diversas personas, servidores públicos y órganos de la administración han colaborado con la Cámara de Diputados”.
Cabe precisar que, durante la jornada del lunes, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda confirmó la asistencia -para el 6 de noviembre– a dicha comisión que investiga los traspasos de recursos desde el Estado a diferentes fundaciones.
Sobre eso, desde el Gobierno indicaron que “habiéndose cumplido la finalidad de la norma la aplicación de la sanción resultaría inoportuna y desproporcionada”.
“la Honorable Cámara recibió y recibirá aquella información relevante para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras que le confieren la Constitución y la ley sin que se pueda considerar frustrado el ejercicio de las potestades de las diputadas y diputados”, se lee en el documento.
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