“Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas”, señaló este lunes el contralor Jorge Bermúdez en relación a Miguel Crispi.
Esta declaración echó por tierra la tesis del Gobierno sobre el jefe de asesores del Segundo Piso. En concreto, se argumenta que no tendría la obligación de presentarse ante la comisión investigadora del Caso Convenios en la Cámara de Diputados.
La historia parte el 5 de julio pasado, cuando se reveló que el militante de Revolución Democrática, en ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), validó un proyecto por $630 millones de la fundación ProCultura en la región de Antofagasta.
La iniciativa, cuyo objetivo era recuperar fachadas de conservación histórica, fue duramente cuestionada y el Gobierno Regional de Antofagasta terminó poniendo fin al convenio.
Por esta razón, Crispi fue citado en dos ocasiones a una comisión liderada por el diputado José Miguel Castro (RN), con el fin de exponer los antecedentes de este caso. Sin embargo, se excusó en ambas oportunidades y sólo envió un documento escrito sobre el traspaso a ProCultura.
¿Dónde está la piedra de tope? Si el sociólogo de 38 años es citado como exsubdere o jefe de asesores.
Castro ha dicho que se inclina por esta última alternativa y, de manera preliminar, Jorge Bermúdez dio el visto bueno. Sin embargo, desde La Moneda retrucan aquello y explican que los funcionarios de la Presidencia tienen un estatuto jurídico distinto.
En medio de esta diferencia, ya se han notado algunas acciones que cercan al Ejecutivo. Entre ellas, la posibilidad de que el Ministerio Público cite a Miguel Crispi y la advertencia de rebajar el presupuesto de la Presidencia a $1 si el exparlamentario no se presenta ante la comisión.
“Una lucha entre poderes”
Si no eran suficientes las discrepancias respecto a la reforma tributaria o al veto a la Ley de Usurpaciones, la ausencia de Crispi a la comisión investigadora del Caso Convenios sumó un nuevo round entre el Gobierno y la oposición.
Incluso, este hecho puso nuevos condicionamientos de Chile Vamos y el Partido Republicano a la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024. Si la apuntada hasta ahora era la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, ahora su colega de partido se ha convertido en el nuevo blanco.
Desde la UDI propusieron dejar en $1 la partida de Presidencia si el jefe de asesores no se presenta, mientas que la colectividad de José Antonio Kast fue más allá. Según el diputado José Carlos Meza, no aprobarán un solo peso si esta actitud se mantiene.
José Miguel Castro (RN), presidente de la comisión de la Cámara, señaló a BioBioChile que “esto ya trascendió de Crispi y de la comisión investigadora. Prácticamente, desde La Moneda lo han llevado a una lucha entre poderes para ver hasta dónde llega la potestad de fiscalizar del Congreso”.
Pero las críticas no sólo vienen desde la oposición, sino también del oficialismo. Voces del PS ya han catalogado la defensa del Ejecutivo a Crispi como un “autoboicot”.
“El mantenerse en la postura de que Crispi no debía asistir a la comisión es un error. Fue trasladar una asistencia a una comisión, un acto que no tiene mayor relevancia, a un problema en el seno de La Moneda”, sostuvo el diputado Marcos Ilabaca, quien también integra la instancia investigadora.
La misma opinión tiene el socialista Daniel Melo, quien dijo a este medio que “el Gobierno está enredado en su propio laberinto. Crispi conoce muy bien el alcance que tienen las comisiones investigadoras y debió ir apenas lo citaron”.
Si se toman en cuenta las fechas de la primera citación y la apertura de Crispi a declarar, fueron 22 días en los que el exdiputado de RD se mantuvo “en rebeldía”. El tema presionó tanto al Gobierno que cruzó el Pacífico hasta llegar a China, donde se encontraba el presidente Boric.
En medio de su gira comercial, el mandatario aseguró que no tienen “nada que esconder”, por lo que es mejor dar el tema por superado tras el vuelco de su colaborar. Pese a aquello, este caso está lejos de cerrarse.
¿Cuándo citar de nuevo a Miguel Crispi?
El fondo de esta trama es si un trabajador de la Presidencia, como lo es el jefe de asesores del Segundo Piso, está obligado a asistir a una comisión del Congreso cuando es citado.
Para dilucidar aquello, se recurrió a la Contraloría con la intención de que emita un dictamen que marque jurisprudencia. En el intertanto, el contralor Jorge Bermúdez asistió a la mesa que indaga el Caso Convenios para analizar preliminarmente el asunto.
Si bien La Moneda afirma que Miguel Crispi no puede ser forzado a declarar, el timonel de la CGR aseveró que toda persona en una posición de poder debe rendir cuentas “independiente de la denominación que tenga su cargo”.
Tras ello, el órgano otorgó un plazo de cinco días a la Presidencia para que explique la ausencia reiterada del exdiputado. Sin embargo, acá se produjo un giro de la cuestionada autoridad, ya que planteó su disponibilidad para asistir a la comisión en calidad de exsubdere.
Si esto se produjera, el contralor Bermúdez planteó que ya no se necesitaría un dictamen al respecto y, por ende, perdería fuerza la ofensiva de la oposición.
El diputado Juan Fuenzalida (UDI), miembro de la comisión, indicó a BBCL que se debe citar por tercera vez a Crispi para que aclare las dudas que tienen. Eso sí, advirtió que “no puede poner condiciones” como evitar que se le interrogue como jefe del Segundo Piso.
Ahora, la pregunta es cuándo citarlo. Por ejemplo, José Miguel Castro prefiere aplazar su invitación para que la Contraloría pueda emitir un dictamen. “Me parece bien que se genere un precedente, que se le haga un escarmiento a un funcionario público que está en rebeldía”, apuntó.
No obstante, detalló que este lunes tomarán una decisión en conjunto después de escuchar a todos los parlamentarios. “Lo más importante es que si esta persona llegase a ir, aporte en algo y no venga como un niño castigado que se le trae a la rastra”, recalcó.
Sobre la fecha de la posible citación también se refirió la diputada Ericka Ñanco (RD), quien acusó a Castro de hacer un “gallito político” y desviar el objetivo de la comisión investigadora.
“Espero que acepte que vaya Miguel Crispi y, ya que tanta vuelta le ha dado, que nos pongamos serios. ¿Cómo va a ser eso de que a veces sí y a veces no? Si Miguel Crispi se pone a disposición para ir, debería aceptarse esa propuesta”, expresó.
Cordero y su reaparición como vocero
Además del sociólogo de RD, fundador del partido junto a Giorgio Jackson, existe otro protagonista en esta historia. Se trata del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien retomó el rol de vocero que había asumido en junio pasado tras estallar el Caso Convenios.
El profesor de derecho administrativo ha defendido la postura de Crispi, asegurando que existe una “disputa jurídica” y que los funcionarios de la Presidencia tienen un estatuto distinto al de otras autoridades.
En palabras simples, Cordero alude a que el exparlamentario no está obligado a declarar en razón de su actual cargo, lo que se opone a la versión de Jorge Bermúdez. Pese a aquello, explicó que sí podría hacerlo si es citado como exsubsecretario de Desarrollo Regional.
Esta tesis incluso fue compartida por Cristián Larroulet, exjefe del Segundo Piso en el gobierno de Sebastián Piñera. En conversación con Radio Infinita, señaló que los asesores del Presidente son “funcionarios especiales”, ya que “el estatus de la Presidencia de la República es especial”.
Con todo, la oposición no ha quedado conforme con este argumento. A través de una carta enviada al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), los jefes de bancada de Chile Vamos y el Partido Republicano acusaron una “amenaza velada” a las facultades del Congreso.
“El ministro Cordero se ha transformado en un verdadero bufete de asesores jurídicos del Gobierno, tratando de evitar el poder esclarecer estos temas con tesis jurídicas que van variando según la circunstancia”, manifestó el diputado Juan Fuenzalida.
Por otra parte, el oficialismo parece cerrar filas en torno a la figura del ministro. Marcos Ilabaca afirmó que “plantear una discrepancia jurídica respecto al estatuto de la Presidencia no puede implicar que la posición del ministro Cordero haya quedado desmejorada”.
Esta arista también genera discrepancias entre los analistas. Álvaro Vergara, investigador de IES Chile, considera que el titular de Justicia queda en mal pie tras su defensa a Miguel Crispi.
“La mayoría de los abogados expertos en derecho administrativo y constitucional salieron a decir que se equivocó. En mi opinión, esta defensa demostró que Cordero es capaz de forzar el derecho para defender al Gobierno”, opinó.
Sin embargo, Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, estima que el ministro no pierde capital político, sino todo lo contrario. “Uno de los talentos que tiene es explicar lo inexplicable”, dijo.
En ese sentido, agregó que “tomó una especie de rol de director jurídico del Gobierno y las declaraciones son siempre beneficiosas para él, porque es capaz de ofrecer una explicación para casos como el de Crispi. Esto contribuye a fortalecer su figura dentro del gabinete”.