En el marco de la conmemoración del cuarto aniversario del estallido social, Fiscalía entregó cifras actualizadas de los casos de violencia institucional desde el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.

En concreto, hay 8.508 casos de violencia institucional. De las cuales, 6.949 causas han sido terminadas, ya sea por condena, absolución, suspensión condicional o decisión de no perseverar.

Respecto al número de formalizados, hay 148 carabineros, siete funcionarios del Ejército, 2 de la PDI, sumando un total de 157 personas.

En tanto, hay 45 agentes del Estado condenados por diversos delitos como: homicidio, cuasidelito de lesiones, abusos contra particulares, apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, entre otros.

Respecto a esto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que desde que asumió se tomaron una serie de medidas para abordar estos temas.

En cuanto a la violación a los derechos humanos, el persecutor indicó que “no hemos reunido antecedentes en esas investigaciones que permitan atribuir el carácter sistemático, sin perjuicio que la investigación se encuentra todavía abierta”.

Fiscal nacional e investigaciones por casos de violencia durante el 18/O

Dentro de las medidas está el “asegurar que todas las investigaciones relacionadas con los hechos de ese periodo avancen con la mayor celeridad posible y, por lo tanto, desde la Fiscalía Nacional, abordar con todos los medios con los que contemos para ello”.

Valencia agregó que también se encargó “a la Unidad de Derechos Humanos, que creamos especialmente (…) verificar que todas las investigaciones del periodo que ya se encontraban cerradas administrativamente – al menos cerradas por falta de precedentes – que se verificase de que estaban bien cerradas, es decir, que no había diligencias pendientes, que no había diligencias que pudieran realizarse, que hubiéramos cumplido con nuestras obligaciones internacionales y también se hubiese cumplido con las instrucciones generales de la Fiscalía”.

Finalmente, el líder del Ministerio Público comentó que “adoptamos una medida que no se había adoptado con la integración, que fue concentrar todas las investigaciones pendientes, investigaciones vigentes, por delitos graves que se habían convertido en contra de carabineros, es decir, los cuales los carabineros habían sido víctimas, concentrar la investigación de esa causa en un fiscal regional”.