Fue el lunes pasado cuando La Moneda presentó una propuesta de protocolo de acuerdo, a la comisión de Minería y Energía del Senado, para impulsar un proyecto de ley que tenga como objetivo dos cosas: mitigar las alzas de las cuentas de la luz y también, viabilizar el proyecto de transición energética.
Finalmente este lunes sí hubo acuerdo, los integrantes del comité firmaron junto al ministro de Energía, Diego Pardow, un compromiso para avanzar en el trámite legislativo, y de esta forma, mediante una iniciativa, crear un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad, normalizar las tarifas de distribución, y abordar el pago de las deudas contraídas, que según el gobierno, bordea los 5 mil millones de dólares a fin de año..
Por otro lado, el Ejecutivo se comprometió a ingresar indicaciones al proyecto de ley sobre transición energética, donde se abordará la creación de un subsidio para clientes vulnerables.
La iniciativa, según el ministro Pardow, permitirá a los clientes cumplir con su obligación de pagar sus cuentas de suministro eléctrico, a pesar de las dificultades económicas con las que pueden contar. Y a la vez, mencionó que se está estudiando la vía de financiamiento para llevarlo a cabo.
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La preocupación por parte del gobierno y legisladores radica en el informe que emitió la Comisión Nacional de Energía, que confirmó que la variación en la tarifa eléctrica será de un 8% para aquellos clientes de menor consumo.
Mientras que en el tramo medio el incremento será de un 12%, y en el caso de clientes regulados industriales o comerciales, el alza será de 48%. Y todo se aplicaría durante el primer semestre del próximo año.
Sin embargo, este incremento se puede evitar, según el senador socialista, Juan Luis Castro, eso si, siempre y cuando se cumpla el plazo de tramitación del proyecto.
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Hay un compromiso de avanzar en esta materia, de manera transversal, el senador de Renovación Nacional, Rafael Prohens, dijo que es importante avanzar en la Ley General de Servicios Eléctricos, ya que es vital resguardar el bolsillo de las familias más vulnerables.
Eso si, siempre y cuando haya responsabilidad fiscal de por medio.