El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que una jurisprudencia antigua de Contraloría no califica al “asesor presidencial” como funcionario público, a propósito del caso de Miguel Crispi.
Recordemos que el actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda se ha negado a asistir a la comisión investigadora del Caso Convenios en la Cámara de Diputados.
Esto último derivó en una dura controversia, en medio de la defensa corporativa del Gobierno, apuntando a que por ser funcionario a honorarios, no está obligado a concurrir al Congreso.
Por lo anterior, la oposición lideró una ofensiva en Contraloría, para que el organismo zanje el tema.
Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuestionó el hecho si esta polémica se habría generado en gobiernos anteriores, advirtiendo de un “precedente” que podría marcar para las siguientes administraciones.
“No sé si este mismo ejercicio nosotros lo hubiéramos hecho con administraciones anteriores del mismo modo”, señaló en entrevista con ADN.
“Creo que los buenos casos hacen mal derecho, como se dice. Fijar el precedente en este caso, indiferente si es Miguel Crispi o no, tiene una consecuencia para los futuros gabinetes presidenciales”, sentenció Cordero.
Pero además, el secretario de Estado explicó que existe una jurisprudencia antigua por parte de Contraloría que no califica al “asesor presidencial” como funcionario público.
No obstante, aseguró que con el paso del tiempo se le ha ido imponiendo obligaciones públicas.
“Hay una jurisprudencia muy antigua de Contraloría que no los califica como funcionarios públicos, pero que le ha ido imponiendo progresivamente obligaciones públicas a los honorarios, durante largos años”, señaló.