El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, asistió este lunes como invitado de la comisión investigadora del caso Convenios, donde se abordó que una de las conclusiones fue que se habrían alivianado los criterios en las glosas presupuestarias y que se remitió una responsabilidad de creación de un reglamento a los nuevos gobiernos regionales.
“Es un hecho conocido que para la Ley de Presupuesto del año 2023, una de las estrategias que tuvo el Ejecutivo fue ir sacando glosas presupuestarias para que fuera una ley más comprensible”, indicó el contralor.
Añadiendo que “eso supuso que se remitiera la regulación a normas que dicta la Dirección de Presupuesto (a cargo de Javiera Martínez), y eso es lo que se expuso acá. Pero la conclusión de si se alivianaron o no los controles, es una conclusión que pueden sacar ustedes”.
“Dije que se había alivianado la ley”, recalcó Bermúdez.
Así también mencionó que “a propósito de la regulación que existe de las transferencias que hacen los gobiernos regionales, en el año 2022 se establecían dos requisitos, es decir, dos años de antigüedad desde su creación, y lo otro es que tuvieran un objeto que estuviera relacionado con una serie de actividades que ahí se detallaban. Esa regulación, para el año 2023, no estaba”.
Bermúdez también señaló que Miguel Crispi, jefe asesor del segundo piso de La Moneda, deberá explicar a Contraloría las razones para negarse a asistir a la comisión investigadora por el Caso Convenios, apuntando a que debe dar cuenta de sus decisiones.
“Una autoridad tiene el deber de dar cuenta de sus decisiones, independiente de la denominación de su cargo”, apuntó Bermúdez.