Diputados de la comisión investigadora del Caso Convenios criticaron al Gobierno por realizar una “defensa corporativa” al jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.
Esta instancia, presidida por José Miguel Castro (RN), ya ha citado en dos oportunidades al exdiputado de RD para que explique por qué validó un cuestionado proyecto de la fundación Procultura en la región de Antofagasta.
Sin embargo, Crispi se ha excusado en ambas ocasiones y en la última optó por enviar un informe. Esto provocó el enojo de distintos parlamentarios, quienes acordaron enviar los antecedentes a Contraloría para que defina si la autoridad debe asistir por obligación o no.
En este escenario, la ministra —y hoy vicepresidenta— Carolina Tohá sostuvo que “no hay ningún impedimento” en que asista Crispi a declarar a la comisión, pero afirmó que “no está obligado”.
Por su parte, el titular de Vivienda, Carlos Montes, indicó que “he conocido a Miguel Crispi desde hace bastante tiempo y cumple una función pública con todo el esmero”. A pesar de ello, aseveró que no le corresponde a su cartera opinar sobre si este debe asistir o no al Congreso.
Diputados cusan “defensa corporativa” a Crispi
Las declaraciones de Tohá no dejaron contentos a algunos integrantes de la comisión investigadora.
“La pregunta es por qué el Presidente lo mantiene ahí. Siempre el Presidente se rodea de gente vinculada a temas poco claros. Mientras no resuelvan estos temas sus amigos, la verdad es que la duda se mantiene, incluso sobre el Presidente”, comentó Andrés Jouannet (Amarillos por Chile).
En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) dijo que “me parece imprudente que esté el Gobierno presionando a la Contraloría o fijando posiciones previas a su definición”.
“Acá, cuando se trata de hechos de corrupción, lo que hay que hacer es transparentar todo y permitir que se radiquen las responsabilidades donde corresponden. No hacer defensas corporativas ni blindajes políticos”, agregó.