La Fiscalía de Antofagasta citó a declarar como imputados al exministro Giorgio Jackson, el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez, por el caso Convenios.

Se trata de una diligencia solicitada por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval en la ampliación de querella que ingresaron en agosto pasado.

Recordemos que la investigación apunta a posibles delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, por cuestionados convenios que suscribieron distintos organismos públicos, como el Minvu y las gobernaciones, con fundaciones como Democracia Viva, Urbanismo Social y ProCultura.

En ese sentido, se pidió a la Fiscalía llamar a declarar en calidad de imputados a Jackson, Crispi y Martínez, todos militantes de Revolución Democrática, el partido que ha estado en el centro de la polémica, tal como publicó BBCL en agosto pasado.

El objetivo, según publica El Mercurio, es que respondan por “todo antecedente de utilidad en la presente investigación”.

Esto último, debido a que se les acusa de incumplir sus obligaciones fiscalizadoras sobre los convenios que se firmaron con las distintas fundaciones.

“En junio de 2022 se (…) rebajaron los controles por parte del referido CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno) sobre el destino y uso de los fondos públicos. Todo ello permitió la consumación de múltiples ilícitos, entre ellos, aquellos que se investigan en la presente carpeta judicial”, indica la querella.

No obstante, el abogado de Javiera Martínez Fariña, Jonatan Valenzuela, sostuvo a BioBioChile que “puedo asegurar que al día de hoy no cuento, ni yo, ni mi representada, con ningún antecedente, bajo ninguna condición, de una citación a declarar por parte de la Fiscalía”.

“Es importante reforzar que una citación a declarar es un acto concreto en la investigación, en el que el fiscal requiere la concurrencia de una persona para que preste declaración sobre hechos que pueden ser relevantes para una causa”, explicó.

“Sin perjuicio de lo anterior, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía mediante los canales formales, para colaborar con la investigación en lo que se requiera y cuando se requiera”, dijo Valenzuela.

Al respecto, el diputado Irarrázaval acusó que “el caso Convenio es un caso de corrupción sistemático y generalizado, y creemos que su origen está precisamente en estas tres personas imputadas y citadas”.

“Uno, el señor Jackson, tenía la función de allanar el camino a través del Consejo de Auditorías. La segunda, la directora de Presupuesto, Javier Martínez, tenía la función de asignar recursos y nuestro temor, de hecho, es que la Ley de Presupuesto sea parte del mecanismo de saqueo institucional”, señaló a BioBioChile.

“Y finalmente, el ex subdere y actual mano derecha al Presidente, Miguel Crispi, tenía la función de distribuir esos recursos como un dealer”, ironizó Irarrázaval.

Asimismo, el diputado Cristián Araya destacó que “cuando retiramos la Acusación Constitucional contra Giorgio Jackson, dijimos de forma muy clara que esto no significaba impunidad”.

“Por el contrario, íbamos a perseguir hasta las últimas consecuencias las responsabilidades administrativas y penales de todos los involucrados en este caso de corrupción, que dejó en evidencia un mecanismo para extraer recursos públicos destinados a los más pobres de Chile y desviarlos con usos políticos”, agregó a BBCL.

“Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Javiera Martínez, entre otros, tendrán que enfrentar la justicia y asumir las responsabilidades que tienen en este y otros casos de organizaciones no gubernamentales que recibieron millonarios fondos públicos”, sentenció.

“Esperamos que con esta situación se abra la puerta para escarbar el fondo del caso Convenios”, concluyó el diputado Irarrázaval.