600 son los internos que están vinculados al crimen organizado, indicó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Además, confirmó que hay un aumento exponencial de las personas privadas de libertad, y una mayor peligrosidad en los penales.
Sin embargo, dijo a La Tercera que se han tomado medidas para destrabar las bandas criminales y asegurar que Gendarmería mantenga el control de los establecimientos, previniendo cualquier tipo de corrupción en el personal.
Ante la situación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que el personal de Gendarmería -actualmente- está expuesto a nuevos riesgos y desafíos.
“El aumento del crimen organizado o la manera en cómo se estructuran bandas al interior de la cárcel, generan nuevos desafíos para Gendarmería. La tranquilidad, sin embargo, es que sobre estos temas Gendarmería ha venido trabajando hace bastante tiempo”, manifestó el secretario de Estado.
Añadiendo que la “severidad de las sanciones, son señales muy relevantes al interior de la institución. Por eso, casos como estos habitualmente van acompañados con medidas de destitución y la denuncia respectiva al Ministerio Público”.
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El coronel Luis González, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, señaló que se ha realizado un trabajo coordinado con el Ministerio Público y las policías, para mejorar las acciones contra el crimen organizado.
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Internos vinculados al crimen organizado
El senador de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Seguridad Pública, Iván Flores, indicó que además de los reclusos ligados al crimen organizado, las cárceles nacionales presentan una crisis de hacinamiento.
Mientras que el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, afirmó que se tienen que privar de derechos a las personas involucradas en el crimen organizado.
“No sólo los 600 reclusos ligados al crimen organizado, complican el sistema carcelario hoy día. Hoy día estamos en el borde de la capacidad de recibir reclusos en las cárceles de Chile”, indicó Flores.
Mientras que Castro manifestó que “deben ser separados de la población normal de una prisión, pero siempre tenemos la piedra de tope de que la izquierda no quiere avanzar en disminuir derechos de las personas que están privadas de libertad”.
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Durante la semana, el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que establece reglas especiales para la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios, que busca mejorar la situación de hacinamiento.
Situación que adquiere urgencia al considerar que -según estadísticas emitidas por el Ministerio de Justicia- para 2030 habrá más de 60.000 personas privadas de libertad.