A raíz de la desvinculación de 6.300 funcionarios de la salud contratados por la alerta sanitaria de COVID-19, anunciada por la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, durante la presente jornada inició el paro de las agrupaciones de salud, la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud (Confenats) y la paralización de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) que empezó la semana pasada.
Recordemos que la secretaria de Estado, en agosto pasado, anunció que“a la fecha, contamos con 12 mil personas –que representa un desembolso de 140 mil millones de pesos-, de los cuales pediremos que sean reasignados 6.070 porque no pueden suspenderse sus funciones, los otros 6 mil deberán desvincularse”.
Las exigencias de los funcionarios de salud para terminar el paro
Por lo mismo, desde la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confenats), mencionaron que la decisión “debilitará el funcionamiento de los Servicios de Salud de todo el país”, expresó el Director General de la agrupación, Horacio Vargas.
“La confirmación de la Ministra sobre la desvinculación de más de la mitad de los honorarios covid que aún estaban trabajando en los recintos asistenciales es un balde de agua fría”, indicó Vargas.
Entre las exigencias de la Confusam están el pago del incentivo al retiro, el Bono de Trato Usuario, pasantías y certezas respecto del financiamiento del sector, entre otras.
Al respecto, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, informó que “solo hemos recibido propuestas y buenas intenciones de parte del Gobierno, no tenemos nada que nos respalde y que diga que estas situaciones van a ser resueltas”.
Por otra parte, la presidenta de la Confederación Fenats Nacional, Karen Palma, indicó que “el despido de 6300 funcionarios no sólo afecta a las personas despedidas y sus familias, afecta principalmente a millones de usuarios a lo largo y ancho del país. El sistema de salud sufre un verdadero golpe de nocaut”.
Del mismo modo, desde Fenats demandan el reintegro de 6500 funcionarios a honorarios despedidos y el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno, como incentivo al retiro, carrera funcionaria y asignación técnica.