A tres meses desde que estalló el Caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Policía de Investigaciones (PDI) continúa indagando posibles hechos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.

Según nuevos antecedentes de El Mercurio, entre 2021 y 2022, las transferencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones para campamentos se habrían duplicado y, de los dineros entregados desde 2019 a la fecha, sólo un 44% habrían rendido cuentas a las entidades receptoras.

Ante esto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, declaró que el compromiso del Gobierno es abogar por “el total esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, enfatizó que la justicia es quien determinará las sanciones correspondientes.

“Somos partidarios de que se investiguen los hechos y que se esclarezcan en el marco de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público y, por cierto, pronunciándose en último término los tribunales”, explicó.

En ese sentido, afirmó que “todo aquel que haya pasado a llevar el principio de probidad, y más aún si se han cometido delitos, que respondan ante la justicia. El compromiso del Gobierno es el total esclarecimiento de estos hechos sin prejuzgar. En caso de acreditarse delitos, tendrán que aplicarse las sanciones correspondientes”, detalló.

En el oficialismo, el diputado del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Félix González, declaró que es necesario que se tomen las responsabilidades políticas al respecto.

En tanto, el parlamentario socialista, Raúl Leiva, indicó que es necesario determinar las causas para aplicar las penas respectivas.

Desde la oposición, la presidenta del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, hizo un llamado a profesionalizar los cargos y dejar la política de lado.

Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, señaló que la Fiscalía debe indagar el operativo del Caso Convenios y que la responsabilidad no recaiga en solo una persona.

Recordemos que el último Informe entregado por la PDI reveló posible tráfico de influencias asociados a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y quiénes tomaban las decisiones en la Fundación Democracia Viva en la región de Antofagasta.