Durante la jornada se dio a conocer que un informe de la PDI abre la posibilidad de vincular a la diputada Catalina Pérez en el delito de tráfico de influencias en el caso Democracia Viva.
Recordemos que la Fiscalía de Antofagasta investiga un posible caso de corrupción, luego que la Seremi de Vivienda de esa región traspasara cerca de $420 millones a la Fundación Democracia Viva.
Al momento de realizar estos convenios, el seremi era Carlos Contreras y la fundación era presidida por Daniel Andrade, en ese entonces pareja de la parlamentaria.
En ese periodo los involucrados aún eran militantes de Revolución Democrática.
El abogado representante de Pérez, Gonzalo Medina, se refirió al documento de la PDI, indicando que este no constituye ninguna prueba.
“El informe no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada. Es un instrumento más para la investigación”, señaló.
“La diputada Pérez no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha. Descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencia”, agregó.
Minvu valora el trabajo de la policía
Mientras tanto el ministro de vivienda, Carlos Montes, valoró el trabajo en curso, agregando que siguen investigando los hechos.
“Valoramos mucho que la policía y la fiscalía estén trabajando en serio y buscando a los responsables de los hechos de Antofagasta”, indicó.
“Como ha dicho el presidente de la república, aquí hay que determinar qué responsabilidades se tienen y que los culpables de esto paguen”, agregó
Nueva querella
Todo esto se realiza en paralelo a la querella presentada el pasado 15 de septiembre por Revolución Democrática contra Contreras y Andrade.
La abogada representante del partido, Libertad Triviño, afirmó que la querella acusa que ambos ocultaron información a la Directiva del Partido e incluye la presunta evasión gubernamental del traspaso de los fondos.
“En la querella en específico se detalla como los querellados ocultaron información desde un primero momento a la directiva, como faltaron a la verdad respecto de los hechos y respecto de las competencias de la Fundación Democracia Viva, y especialmente que la querella detalla el modo en que fueron utilizados o destinados los fondos”, dijo.
“En el fondo dan cuenta de que se quisieron evadir los controles gubernamentales para poder asignar estos fondos de manera discrecional”, agregó.
Diversos parlamentarios de oposición señalaron que -de comprobar la implicancia de la diputada Pérez- es imperioso que se reste de su labor legislativo.