Luego de las primeras reuniones de la mesa de trabajo del Gobierno con senadores de distintos sectores, para buscar consensos sobre el veto al proyecto de ley de usurpaciones, en diferentes bancadas respaldaron la instancia, aunque reiteraron que existen diferencias en algunas materias.

Esto, a días de que finalice el plazo para que el presidente Gabriel Boric envíe sus observaciones para modificar esta propuesta, ya aprobada por el Congreso.

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidente de esta corporación, señaló que el veto presidencial es una facultad que se usa en casos excepcionales y, frente a esto, indicó que es importante que no se cambie el foco del proyecto despachado.

Un aspecto clave que el Gobierno buscará derechamente eliminar, es la norma de legítima defensa privilegiada, la cual permite a las personas utilizar la fuerza contra quienes usurpen su terreno, sin mediación policial, lo que, según el oficialismo, podría fomentar los enfrentamientos entre civiles.

Felipe Kast, senador de Evópoli y autor de la iniciativa, aseguró que éste es uno de los aspectos donde no hay consenso entre oposición y oficialismo.

La legítima defensa privilegiada o autotutela es una norma que sí o sí tiene que ser eliminada, de acuerdo al consenso oficialista.

Así lo reiteraron el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, y su símil de Convergencia Social, Lorena Fries, quien agregó que también buscarán suprimir la posibilidad de que las usurpaciones no violentas sean penalizadas con cárcel, manteniendo lo que existe hoy, que es una multa.

El próximo viernes vence el plazo para que La Moneda ingrese el veto al Congreso y, según han trascendido, éste será sustitutivo, lo que genera resistencia en Chile Vamos.