Parlamentarios de la comisión Investigadora del caso Convenios calificaron como “insuficiente” la aclaración del Gobierno por el despido de dos funcionarias en el Serviu de Antofagasta, a los que se les atribuye haber destapado las irregularidades con la fundación Democracia Viva.

A través de un comunicado de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, se señaló que las desvinculaciones se realizaron acatando las instrucciones de la Contraloría General de la República.

Esta respuesta llega después de la paralización de labores que han realizado funcionarios del Serviu de la región de Antofagasta, por la desvinculación de dos funcionarias, a las cuales se le adjudica haber destapado las irregularidades con la fundación Democracia Viva, que dio paso al Caso Convenios.

En el comunicado se detalló que el despido obedeció única y exclusivamente a la necesidad de acatar las “instrucciones de la Contraloría General de la República, que prohibió que las labores de estos servicios sean desarrolladas por personas distintas a sus funcionarios de planta, contrata u honorarios”.

Además, la Subsecretaría aclaró que nunca existió un vínculo contractual entre estas personas y la Seremi del Minvu o Serviu, por lo que es un error hablar de desvinculación.

Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, indicó que Contraloría está en lo correcto en terminar este sistema de contratación, pero no es adecuado separar de sus labores a estos funcionarios.

Las dos personas desafectadas ingresaron como asesoras técnicas a honorarios a cargo de fundaciones. Sin embargo, estas contrataciones habrían quedado sin efecto en el proceso de investigación que ellas mismas denunciaron: el caso Fundaciones.

El legislador de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, afirmó que las investigaciones realizadas tienen que evidenciar todas las personas involucradas en estas irregularidades.

Por su parte, el diputado de la UDI, Juan Fuenzalida, señaló que en este caso la potestad de desvincular a las personas no obedece a la Contraloría.

Fue en mayo de este año donde las exfuncionarias, y otros trabajadores del Serviu Antofagasta, dieron cuenta -vía correo electrónico- a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de la situación de los fondos en el programa de Asentamientos Precarios.

Información que se hizo pública en junio por el medio Timeline, y que desencadenó en el denominado caso Convenios, que actualmente mantiene al Ministerio Público investigando a 47 fundaciones.