Los diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, Sofía Cid, Andrés Longton y Hugo Rey presentaron un requerimiento al contralor general, Jorge Bermúdez.
Esto, con la finalidad de solicitar una auditoría a la totalidad de las pensiones de gracia que han sido otorgadas a víctimas de vulneraciones a Derechos Humanos en el contexto del estallido social.
El objetivo de los parlamentarios es “verificar si se cumplieron tanto los requisitos que permiten acceder a estas pensiones, como los supuestos y actuaciones administrativas previstos en la ley para su otorgamiento”.
Lo anterior, a propósito de las declaraciones realizadas por el subsecretario Manuel Monsalve, quien señaló que de las 418 pensiones otorgadas, el 10% del total de beneficiados tendría antecedentes penales, es decir 40 personas.
Es precisamente este punto el que ha generado inquietudes desde RN acerca de la “discrecionalidad” ejercida por el presidente Gabriel Boric.
Diputados RN piden pronunciamiento de Contraloría por pensiones de gracia
En este sentido, el diputado Andrés Longton dijo que “pareciera ser que este gobierno cayó en una discrecionalidad arbitraria al otorgar pensiones de gracia a quienes no reunían los requisitos y no eran acreedores de las mismas”.
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón agregó que “se debe ser extremadamente riguroso para evitar que tipos con antecedentes delictuales o que nunca padecieron lesiones tengan ingresos de por vida con impuestos de chilenos”.
Asimismo, el diputado Hugo Rey dijo que “la regulación de estas pensiones en la ley de presupuestos es tan ambigua, que se presta para engaños y para que una cantidad importante de sujetos, muchos de ellos con antecedentes penales, puedan gozar de una pensión de por vida”.
Por su parte, la diputada Sofía Cid señaló que “es fundamental una auditoría porque tenemos grandes dudas que acá hay irregularidades que cuestan millones a todos los chilenos”.
Por lo anterior, el escrito señala que “del total de los casos beneficiados con la pensión, pareciere que tanto de la magnitud del daño o perjuicio sufrido (…) no ameritan ser calificadas de “accidente o catástrofe”, ni menos cabría calificar las circunstancias como “extraordinarias”.