Con críticas reaccionó, sobre todo la derecha, a la información entregada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre las pensiones de gracia otorgadas por este gobierno y la administración de Sebastián Piñera a 418 personas que sufrieron atropellos de Derechos Humanos durante el estallido social. Los reproches apuntan específicamente a que 40 de ellas tienen antecedentes penales.

En el caso de 17 el beneficio fue aprobado durante el segundo mandato de Piñera y en los 23 restantes, en el actual gobierno de Gabriel Boric.

Frente a las críticas de la oposición, el ministro de Justicia, Luis Cordero, descartó que exista algún grado de responsabilidad del mandatario en la asignación de las pensiones, ya que él no tiene acceso a la información personal.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que las pensiones de gracia se han entregado respetando rigurosamente el procedimiento que se estableció a través de una resolución de esta cartera, durante el gobierno anterior.

Además, indicó que los decretos que asignaron pensiones de gracia a personas en ambos gobiernos, son idénticos y todos hacen alusión a la glosa 12 de la Ley de Presupuestos que fue aprobada por el Congreso.

Sin embargo, la autoridad se comprometió a modificar la normativa, para que se exijan los antecedentes penales a la hora evaluar la entrega de pensiones de gracia.

“Me he comprometido, y así lo voy a hacer, a modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior (…) A partir de los hechos que han ocurrido, que no solo en estas pensiones de gracia, sino que en todas las pensiones de gracia que entregue el gobierno de Chile, es necesario contar con los antecedentes penales de las personas“, dijo Monsalve.

Quien preside la comisión investigadora sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social, el diputado UDI Henry Leal, apuntó a la opción de revocar el beneficio para aquellas personas que cuenten con antecedentes.

El subsecretario del Interior destacó que la entrega de los antecedentes penales no fue establecido para el otorgamiento de pensiones en el marco del estallido social, ni en ninguna de las más de 18 mil pensiones de gracia entregadas por diferentes razones desde 1981.