Este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rechazó un recurso de protección interpuesto por la fundación Democracia Viva en contra del Ministerio de Vivienda.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección deducido por la abogada Victoria Silva, en representación de la fundación Democracia Viva, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta.

Recordemos que esta organización, liderada por Daniel Andrade, recibió millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda, los cuales aún no han sido restituidos en su totalidad.

Cabe mencionar que ayer, el Ministerio de Justicia pidió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) requerir ante tribunales civiles la disolución de la Fundación Democracia Viva.

Esto, por graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que regula este tipo de entidades.

Democracia Viva

Desde el Minvu informaron hace un tiempo que la devolución corresponde a $391 millones, sin embargo, desde Democracia Viva aseguran que en total son 97 millones menos, es decir, $294 millones.

A través de una declaración, emitida en ese entonces, la fundación indicó que el 75% de los fondos no utilizados ya se encuentran en manos del Estado.

“Le hemos solicitado al Tribunal que acepte la devolución al fisco de los $295 millones que están en sus manos”, aseguraron.

En uno de los puntos de la sentencia del recurso de protección se lee que “conforme a los mecanismos consagrados por nuestro legislador, el recurso de protección no es un procedimiento idóneo para demandar la revocación o nulidad de un acto administrativo dictado en ejercicio de las potestades reconocidas a las autoridades competentes, como se razonó en las consideraciones precedentes, o para revisar la ponderación, valoración de la prueba y la acreditación de los consecuentes presupuestos fácticos, con la finalidad de configurar una nueva instancia que pondere los fundamentos considerados para adoptar la decisión administrativa y efectuar una nueva calificación jurídica de sus efectos”.

Democracia Viva estaba impugnando la dictación de las resoluciones
exentas N° 279; N°280 y N°281, todas de fecha 10 de julio de 2023, actuación que a su juicio vulnera las garantías fundamentales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.