Esta tarde de jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó lo sucedido con la identificación de más de 50 testigos con identidad reservada en la causa contra el clan “Los Gallegos”.
“El gobierno está analizando las facultades constitucionales, y también legales, que tiene para hacer ver que nos parece que es una conducta equivocada y eventualmente negligente”, dijo.
A lo anterior, Monsalve agregó que se trata específicamente del “art. 32 de la Constitución” en el numeral 13 que le entrega la facultad al Presidente de la República para revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial.
Lo anterior para “requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”, precisa el artículo.
“Esta materia se le ha encargado al ministro de Justicia, Luis Cordero, pero quiero decir desde ya que el Gobierno pretende actuar para hacer ver que esta conducta grave no debió haber ocurrido”.
“Sí habían previamente recibido amenazas”
Consultado por si el juez pudo haber sido objeto de alguna extorsión por parte del Tren de Aragua, el subsecretario respondió que no existe ningún antecedente que indique aquello.
“Lo que sí tenemos antecedentes es que los fiscales que participan de la causa y testigos que participan, sí habían previamente recibido amenazas”, complementó.
A continuación, Monsalve reiteró que “una medida que tomó el juez de Garantía, para nosotros, eventualmente coloca en riesgo la vida de las personas cuyos antecedentes hasta ahora se mantienen en reserva”.