Este jornada de jueves, personas que viven en campamentos y vecinos pertenecientes a la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) se manifestaron contra la recientemente aprobada Ley de Usurpaciones.
En específico, la concentración contra lo que denominan como “ley anti tomas” se desarrolló en regiones como Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Bío Bío.
Pero, ¿cuál es la razón? Cabe mencionar que el concepto que más polémica generó respecto a la iniciativa es la “legítima defensa privilegiada”, por lo que las y los pobladores solicitan el veto presidencial del proyecto.
En algunos lugares, durante la marcha, se manifestaron con lienzos e instalaron barricadas con la finalidad de cortar parcialmente las rutas.
En la instancia, desde la agrupación “Luchadores de Lo Hermida”, dijeron a La Radio que -ante la crisis habitacional- el Ejecutivo “no da soluciones, pero sí hace leyes represivas”.
“La Ley de Usurpación, que nosotros llamamos ley maldita (…) quiere criminalizar la pobreza”, dijeron.
El trayecto de la Ley de Usurpaciones
Fue el pasado 29 de agosto cuando la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a tercer trámite la Ley de Usurpaciones. Esto, desestimando la gran mayoría de las indicaciones del Gobierno.
En el transcurso del proceso, La Moneda incluyó distintas recomendaciones como revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos.
Al día siguiente, y tras más de dos años y medio, se despachó el proyecto que crea una normativa contra las tomas de propiedades privadas, pese a lo que advirtió el Ejecutivo.
En ese contexto, el mismo ministro Álvaro Elizalde y la ministra Carolina Tohá reiteraron su descontento y advirtieron que utilizarían todas las herramientas constitucional para evitar que se convierta en ley.
Finalmente, así fue. Una hora más tarde, desde el hall del Senado, la ministra del Interior confirmó el veto a la Ley de Usurpaciones, aunque aclaró que el Gobierno no está en contra del proyecto.
Lo anterior, argumentando que el proyecto entrega capacidades ilimitadas para recuperar un terreno y que eso responde a que el derecho ampare la violencia.
Recordemos que, en caso que el Congreso quiera rechazar el veto, necesita 2/3 que no tiene. Por esto, el Gobierno podría eliminar la legítima defensa privilegiada o buscar un acuerdo.