El Gobierno presentó su agenda legislativa de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Si bien esta iniciativa ya había sido confirmada ayer por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, este martes fue presentada por los ministros Álvaro Elizalde, Luis Cordero y Carolina Arredondo.
Desde el Parque Cultural Valparaíso, el titular de Justicia puso especial énfasis en un proyecto para levantar parcialmente el secreto de 50 años de los testimonios otorgados a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
De acuerdo al ministro Cordero, con esa medida se busca “trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer” en el marco del Plan Nacional de Búsqueda.
En ese sentido, la medida plantea la posibilidad de “hacer disponibles, bajo reserva, los antecedentes obtenidos gracias a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para su análisis y sistematización como parte del trabajo de reconstrucción de las trayectorias de personas detenidas desaparecidas”.
Ahora, el experto en derecho administrativo detalló que estará la opción de que “las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos en que ha venido sucediendo en la actualidad. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, del total de víctimas actualmente se han requerido aproximadamente 8 mil carpetas con sus testimonios”.
50 años: los otros puntos de la agenda legislativa
Otro de los proyectos es crear una calificación jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada” y un registro especial denominado “De las Personas ausentes por desaparición forzada”, el cual deberá ser llevado por el Registro Civil.
Asimismo, de plantea tipificar el delito de desaparición forzada y ejecución extralegal.
Lo que se busca con ello es “cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
También se propone una Política Nacional de Memoria y Patrimonio. A través de esta, se podrán mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de espacios de memoria.
Finalmente, el Gobierno pretende eliminar la restricción respecto de un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida.
El objetivo de esto último es “aportar a la transparencia y conocimiento de la comunidad de leyes y otros textos legales que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido”.