El Senado, luego de más de dos años y medio de trámite, despachó a ley el proyecto que crea la normativa contra las usurpaciones de propiedades privadas, pese a advertencias del Gobierno por legítima defensa privilegiada.

La iniciativa, que regula la ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución, ya había sido despachada por la Cámara este martes 29 de agosto.

En el transcurso de este proceso, La Moneda incluyó distintas indicaciones. Entre ellas, una que buscaba revertir la legítima defensa privilegiada de los dueños de terrenos.

Esta es considerada por el oficialismo como una posibilidad de hacer justicia por mano propia a través de cualquier medio, incluyendo la contratación de terceras personas.

Es más, durante la discusión parlamentaria de esta jornada, tanto el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, reiteraron su descontento por la conformación del proyecto y advirtieron que utilizarán todas las herramientas que entrega la Constitución para evitar que la norma sea ley.

El Ejecutivo tiene 30 días para aplicar algunas de las medidas que tiene al respecto. El Presidente puede agregar un artículo o capítulo a la ley, lo que se conoce como veto aditivo. Asimismo, puede aplicar un veto sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo del proyecto; o un veto supresivo, para eliminar parte del proyecto de ley.

En cualquiera de sus formas, las correcciones que haga la autoridad deben tener relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa y deben ser sancionadas por ambas Cámaras, según se explica en la Constitución.

La senadora Carmen Gloria Aravena (Partido Republicano), valoró la aprobación de la ley de Usurpaciones, y reiteró que la medida no se aplicará hasta marzo de 2024 a quienes viven en campamentos.

“No van a formar parte de ningún tipo de delito porque están registradas en el Serviu, de tal manera que eso también que bueno, obviamente después va a ser un delito, porque efectivamente, lo que se requiere hoy día es un mayor ordenamiento”, dijo la parlamentaria.

Por otro lado, el senador Felipe Kast (Evópoli) replicó al Gobierno, al asegurar que “solamente se permite la legítima defensa, que no es otro la cosa que eximir responsabilidad penal en un juicio a alguien que se defiende, en el caso de las usurpaciones violentas”. Claro, no entró en detalles respecto de cuándo la usurpación se considerará violenta.