La Corte Suprema dictó sentencia definitiva por secuestros y homicidios de miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP), la escolta del expresidente Salvador Allende.

Se trata de los secuestros calificados de Domingo Bartolomé Blanco Tarrés y José Belisario Carreño Calderón y los homicidios calificados de Gonzalo Mario Jorquera Leyton, Carlos Alfonso Cruz Zavala, Luis Alfredo Gamboa Pizarro, Pedro Juan Garcés Portiagliati, Óscar Osvaldo Marambio Araya, Edmundo Enrique Montero Salazar, Jorge Osvaldo Orrego González, William Osvaldo Ramírez Barría y Enrique Andrés María Ropert Contreras.

Estos fueron detenidos el 11 de septiembre de 1973 en las inmediaciones del Palacio de La Moneda y traslados a la Intendencia de Santiago. Luego se les derivó a cuarteles policiales, donde fueron finalmente ejecutados.

El proceso por escoltas de Salvador Allende

En el fallo de primera instancia, publicado en 2018, se absolvió a Patricio de la Fuente Ibar, general en retiro de Carabineros Patricio de la Fuente Ibar, por falta de participación.

Al mismo tiempo, se condenó a Vicente Armando Rodríguez Bustos, general en retiro de la Fuerza Aérea (FACh), a diez años y un día de presidio como autor de los delitos se secuestro calificado y homicidio calificado de las personas nombradas.

Si bien se presentaron recursos al respecto, la Corte de Apelaciones de Santiago los rechazó en 2021.

Sin embargo, el condenado Rodríguez Bustos falleció en 2020, un año antes de dictarse el fallo de segunda instancia, por lo que se decretó su absolución respecto de dichos cargos por haberse extinguido su responsabilidad penal.

En consecuencia, la Corte Suprema dispuso que el ministro instructor proceda a decretar el correspondiente sobreseimiento.

Asimismo, confirmó la absolución del general Patricio de la Fuente Ibar.

Finalmente, el máximo tribunal fijó en la suma total de $1.225.000.000 las indemnizaciones que deberá pagar el fisco por concepto de daño moral a los familiares de las víctimas.